Un total de 113 usuarios del centro de salud de San Roque firman un escrito registrado en el Concello en el que denuncian los graves problemas de accesibilidad que tiene el edificio. Recuerdan que los pacientes que acuden al ambulatorio se enfrentan a "rampas con pendientes agresivas y suelos deslizantes", que los ponen en riesgo y hacen hincapié en que, entre ellos, se encuentran ancianos y mujeres embarazadas.
Estiman que, dado que nunca ha tenido unos accesos seguros y convenientes para los pacientes, se puede considerar que el centro de salud está sin acabar, con lo que concluyen que está inconcluso desde hace décadas.
Explican que, tal es la situación del centro que no hay manera de llegar a él por un camino seguro. Así, recuerdan que la conexión con Fontiñas se hace a través de "unos metros esperpénticos" y que tanto en el Carril do Xuízo como en el de Peña Anda esperan al usuario "cien metros tobogán".
Los vecinos quieren que el Concello les proporcione la memoria del proyecto de los accesos, así como el informe de edificabilidad que exige la ordenanza municipal y reclaman a la alcaldesa que intervenga para asegurar que disponen de ellos con premura, ya que creen que los usuarios del centro de salud de San Roque, un ambulatorio que da cobertura a una zona muy poblada, son «víctimas históricas» de la situación en la que se encuentra el centro.
También recuerdan en el documento que ya se dirigieron con anterioridad tanto al Concello como al conselleiro de Sanidade, sin respuesta hasta ahora.
Creen que, en este caso, se está vulnerando el artículo 51.1 de la Constitución, que dice: "Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos".
A su juicio, en este caso no se protege la seguridad de los usuarios del ambulatorio, al disponer de unos accesos que son "impropios", insisten, y que llevan siéndolo desde hace más de dos décadas sin que se le dé una solución definitiva.
Consideran la situación especialmente grave por el hecho de que se trata de un edificio público que utiliza gente enferma, mayores y personas en un estado de fragilidad, pero recuerdan que los accesos no son en realidad adecuados para nadie.
