LUGO. Más de un centenar de lucenses -la gran mayoría, hombres- cumplieron penas realizando trabajos en beneficio de la comunidad en distintas entidades sociales, ayuntamientos y también en iglesias y en la catedral de Lugo. En los dos primeros trimestres de este año, fueron 136 los lucenses que fueron penados con trabajos comunitarios, de los que 128 eran hombres.
Varias de estas personas eligen hacer estos trabajos en iglesias de la diócesis de Lugo, que lleva ya una década admitiendo, a través del Secretariado de Pastoral Penitenciaria, a los penados.
No sucede lo mismo con la diócesis de Mondoñedo que, actualmente, no se incluye dentro de las entidades que ofrecen plazas para las personas condenadas a estos trabajos sustitutorios de una pena de prisión.
descenso. En los siete primeros meses de este año, fueron 14 las personas que realizaron este tipo de trabajos en las iglesias de la diócesis de Lugo.
Esta cifra fue en disminución en los últimos años. Durante 2017, realizaron trabajos en el obispado de Lugo 30 personas; en 2016, 42, y en 2015, 44.
En la mayoría de los casos, se trata de reincidentes en la conducción bajo los efectos del alcohol y de las drogas o con el carné retirado, personas que participaron en riñas tumultuarias o condenados por violencia doméstica.
Sin embargo, el abanico de delitos cometidos por personas condenadas a este tipo de trabajos es más amplio e incluye también actos vandálicos, robos, hurtos, vendedores de "top manta" o exhibicionismo.
Las tareas que se le encomiendan a estas personas en el obispado de Lugo varían en función de las capacidades y la formación de cada condenado, aunque suelen hacer, sobre todo, trabajos de mantenimiento, limpieza y vigilancia.
Francisca Jiménez, la sacristana de la catedral y responsable de controlar a los penados, asegura que la mayoría de los que pasan por la basílica son hombres, entre 30 y 50 años, muchos de ellos de origen sudamericano.
«En general, son buena gente, aunque hay de todo. Vienen solo cuatro horas al día, de nueve de la mañana a una de la tarde», afirma.
Al menos once entidades
Al menos, once entidades colaboran actualmente con el servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, dependiente de la prisión de Bonxe y encargado de adjudicar los destinos a los penados y de tramitarles el seguro laboral por el tiempo de cumplimiento de condena.
Además de varios ayuntamientos y de la diócesis de Lugo, colaboran en esta iniciativa distintas entidades como Cruz Roja, Remar, Aviva, el Banco de Alimentos, los geriátricos de la Fundación San Rosendo, la Protectora de Animales, Aliad, Aspnais, Auxilia y Dignidade.
El Concello de Lugo dispone, actualmente, de una persona para el servicio de Vías y Obras y otra, para Medio Rural, aunque hay firmado un convenio para aceptar hasta 27 personas más.
Gitanos
Los condenados de etnia gitana suelen tener más problemas para encontrar destinos donde poder realizar los trabajos comunitarios. En este caso, suelen ser, generalmente, las iglesias evangélicas las que se encargan de aceptarlos.
