El vicepresidente de la Diputación de Lugo, Manuel Martínez, ha asegurado que este viernes volverá a votar en contra del grupo de gobierno al que pertenece en el pleno para ratificar el acuerdo entre la institución provincial y los ayuntamientos de A Fonsagrada, Pedrafita, Pol, Ribas de Sil y Trabada para poner a funcionar las residencias de la tercera edad. "No voy a mantener una postura en un lado de San Marcos y la contraria en el otro", precisó Martínez en declaraciones a Efe, de modo que en el pleno de este viernes defenderá "la posición del consejo de administración de Suplusa".
Según Martínez, insistirá en que "se mantenga la encomienda de gestión" de las residencias a Suplusa, porque "funcionó sin ningún problema durante ocho años y ahí está la gestión de los PIAs —permisos de apertura— y los adelantos en la apertura" de los geriátricos.
"Todavía no entiendo este lío jurídico-administrativo que alguien ha montado en la Diputación y no voy a apoyar ese convenio, porque además pienso que la retirada de la encomienda de gestión por parte de la junta de gobierno es ilegal", dijo Martínez.
Desde su punto de vista, esa encomienda de gestión estaba "funcionando relativamente bien. Con tres PIAs gestionados y alguno más en marcha", por lo que piensa que "el equipo de gobierno debería reflexionar sobre su decisión".
Además, opina que el gobierno provincial "está mintiendo y engañando a la gente cuando dice que apuesta por la gestión pública", porque de la lectura de los convenios se desprende claramente que serán gestionadas por empresas privadas.
También dijo que "es imposible" que con la retirada de la encomienda se puedan abrir antes las residencias, porque de no haber sido así "ya estarían funcionando la de Castroverde y la de Trabada, mientras que la de Pol entraría en funcionamiento el 1 de mayo". Sin embargo, con el cambio de modelo, "no estarán antes de septiembre u octubre", zanjó.
