Los maristas trasladaron al fiscal las sospechas de abusos a niños y niñas

Las sospechas sobre los supuestos abusos sexuales a alumnos por parte del hermano Primitivo Castellanos durante su estancia como profesor y administrador en el colegio Maristas de Lugo, entre principios de los años 70 y finales de los 80, llegaron a la Fiscalía en enero de 2019. Lo hizo, según pudo confirmar este diario, de la mano de la propia orden, a través de un escrito remitido al ministerio público por el coordinador del Consejo de Misión de la Provincia Marista de Compostela.

Esa investigación previa había sido iniciativa de la orden, tras recoger las acusaciones contra el hermano Primitivo que había hecho públicas en las redes sociales, Ricardo López, un lucense que había estudiado en los Maristas durante la primera etapa del religioso en Lugo, entre 1972 y 1981, cuando fue trasladado. En las mismas, hablaba de duros episodios de violencia física y de tocamientos libidinosos y habituales por parte del profesor a los niños, ya que en aquella época el colegio marista era solo masculino.

Un miembro de la orden se encargó de ponerse en contacto con Ricardo para conocer de primera mano los sucedido. El exalumno le confirmó sus experiencias, pero al parecer no consiguió llegar más allá. No obstante, durante esas primeras pesquisas la orden también tuvo conocimiento de otro episodio de abusos supuestamente protagonizado por el mismo profesor, aunque en esta ocasión con una niña de unos 12 años como víctima.

Este episodio se habría producido en la segunda etapa de Primitivo Castellanos en la ciudad, a la que regresó como profesor en el 87 y permaneció hasta que volvió a ser trasladado en el 93. El colegio había comenzado a ser mixto poco antes, en el curso 85-86.

Otro miembro de los Maristas logró ponerse en contacto con esta chica, que en la actualidad reside en el extranjero, y apuntó en su informe que la víctima estaba pensando denunciar y emprender acciones legales contra el profesor a su vuelta.

Pese a que numerosos testimonios de exalumnos recogidos por este diario detallan la habitualidad con la que Castellanos hacía tocamientos a los chavales, con caricias en los genitales por encima del pantalón o a través de los bolsillos, y las constantes situaciones incómodas en los vestuarios y las duchas, la investigación interna de los Maristas no consiguió ir más allá. No obstante, decidieron comunicar todo al fiscal por voluntad propia.

Las diligencias se abrieron en enero de 2019 y pocos días después se comenzaron a tomar declaraciones en la Fiscalía de Lugo, empezando por el propio Ricardo López. Este confirmó una vez más los episodios que sufrió, si bien prefirió no seguir adelante con su denuncia en ese momento, pendiente de localizar a más excompañeros que apoyaran su versión. También se habló con la víctima femenina, que mostró su disposición a colaborar.

Prestaron declaración, para confirmar su intervención en el caso, tanto el coordinador del Consejo de Misión como los otros dos maristas que habían participado en la elaboración de los informes, así como un miembro del equipo directivo del colegio.

Tampoco en estas circunstancias la investigación del ministerio público pudo avanzar mucho más allá de la confirmación de los rumores sobre tocamientos y comportamientos impropios. No se encontró testimonio de que los abusos del hermano Primitivo hubieran ido a más, pese a que el perfil que los exalumnos dibujaban de él apuntaban a un depredador pedófilo que, a base de años y años acosando a niños y niñas podría haber encontrado en algún momento la víctima propicia para consumar los abusos.

De hecho, esta sospecha fue uno de los motivos contemplados por la Fiscalía para impulsar de oficio la investigación sobre hechos después de tantos años: la posibilidad de que existieran más víctimas y de delitos más graves más allá de su marcha de Lugo en el 93 y que algunas pudieran ser menores, para conocer los hechos independientemente de que hubieran prescrito o no. Las diligencias se cerraron finalmente a finales de abril, dentro del plazo de seis meses obligatorio por ley si no se encuentran pruebas suficientes para solicitar una prórroga a la Fiscalía General del Estado.