Martínez pregunta a la Diputación por su asignación como no adscrito y solicita que le den un despacho

Demanda que se le reconozca el derecho a ser nombrado miembro de la junta de portavoces o, "subsidiariamente", el reconocimiento de su derecho a ser convocado y, por tanto asistir a sus sesione
Manuel Martínez
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El alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, ha presentado un escrito en el que recuerda a la Diputación de Lugo que, tras su enfrentamiento con el PSOE y después de que el pleno fuese informado el 24 de noviembre de que le sería aplicado el estatuto jurídico de los diputados no adscritos, "a fecha de hoy no se ha resuelto nada sobre este particular".

En concreto, recuerda que el artículo 43 del reglamento orgánico de la Diputación provincial, los diputados no adscritos percibirán el componente variable señalado para los grupos políticos (que equivale a 1.500 euros por diputado al mes), pero no el fijo de 4.000 euros mensual que recibe cada partido.

A este respecto, Martínez se dirige a la institución pidiendo que se le informe "sobre los pormenores del derecho a tal percepción", qué plazos precisan "para proceder a su abono", gastos a los que se pueden destinar esta asignación, modos de justificarlos, y cualquier "otra circunstancia" que pueda afectar al régimen aplicable a las asignaciones que les corresponden.

El regidor también pide que se tenga por interpuesto un recurso potestativo de reposición contra el decreto de la Presidencia de la institución, que ocupa el socialista Darío Campos, en el que resuelve reconocer el derecho del diputado no adscrito a participar en las comisiones informativas excepto en la Comisión Especial de Cuentas.

Frente a ello, pide que se dicte una resolución en el que se reconozca su "derecho" a intervenir en las comisiones informativas y en la Comisión Especial de Cuentas, y que se le nombre para integrar ésta última junto con las restantes en las que quedó integrado por resolución de la misma fecha.

DESPACHO. Martínez también insiste en que se le reconozca "el derecho" a un despacho o local en la sede de la Corporación provincial dotado de la infraestructura necesaria de medios personales (una dedicación exclusiva y un puesto de auxiliar administrativo) y materiales para su funcionamiento.

Por último, demanda que se le reconozca el derecho a ser nombrado miembro de la junta de portavoces o, "subsidiariamente", el reconocimiento de su derecho a ser convocado y, por tanto asistir a sus sesiones.

Tanto en relación a esta tercera petición como a la demanda de un local y medios personales, pide que se tenga en cuenta los recursos contra los dos decretos de la Presidencia de la institución provincial que le deniegan ambas solicitudes.