Un juzgado de Lugo ha decidido el sobreseimiento provisional de una causa abierta contra el actual alcalde de la localidad lucense de Becerreá, Manuel Martínez, sobre presuntas irregularidades en unas obras en el municipio de Portomarín, cuando ejercía de responsable de Vías y Obras de la Diputación de Lugo.
Martínez había sido candidato por el PSdeG a presidir la Diputación de Lugo, y subraya en una nota junto al auto, que "esta circunstancia fue empleada por el BNG para impedir que ocupase" ese cargo.
El auto facilitado por el alcalde indica que Juzgado de instrucción uno de Lugo considera que no hay irregularidades en una concesión de obras en 2010 a la empresa su Taboada y Ramos que inicialmente fue de cerca de 0,6 millones de euros, pero que posteriormente recibió 0,2 millones de euros.
La denuncia presentada por el alcalde de Portomarín, Juan Serrano López, cuestionaba las supuestas irregularidades debidas al pago de esos fondos adicionales dos años después de la conclusión de las obras mediante una subvención de la Diputación de Lugo.
El auto, que todavía no es firme y que puede ser recurrida, considera "descartada la existencia de infracciones penales tanto en la ejecución de las obras adicionales como en su adjudicación a Taboada y Ramos".
Añade que "tampoco puede apreciarse una conducta punible" en las obras adicionales que pretendían bonificar una serie de trabajos no incluidos inicialmente en el contrato, pero que los técnicos consideraron necesario y oportuno añadir.
El Juzgado reconoce que "formalmente hubiese sido más correcto tramitar el expediente de estas obras antes de proceder a llevarlas a cabo", pero subraya que "en algunas de ellas era imprescindible finalizar, al menos parcialmente, la obra principal para concretar la cantidad de obras adicionales necesarias".
En ese sentido, el Juzgado indica, a modo de ejemplo de la necesidad de proceder a trabajos, "la reposición de las tuberías de suministro de los vecinos dañadas con las obras".
También señala que "al haberse tramitado el expediente de las obras adicionales, y firmarse el contrato entre la Diputación y la empresa adjudicataria con posterioridad a la ejecución de las obras, las fechas de estos documentos podrían entenderse alteradas", pero destaca que eso "no puede suponer la comisión de un delito de falsedad documental".
Además, la resolución apunta que "tampoco se puede apreciar un comportamiento merecedor de reproche penal" en la conducta de Martínez, que actualmente ejerce de diputado en la institución provincial.
Martínez indica en una nota que "hasta que se produzca el archivo definitivo" de la causa no hará declaraciones públicas al respecto.
Tras la elecciones municipales de mayo pasado, Martínez se presentó como candidato a la presidencia de la Diputación de Lugo, pero ante la negativa del BNG a respaldarlo, finalmente fue elegida la candidata del PPdeG, Elena Candia, aunque tres meses después, al no superar una moción de censura, por relevada por el socialista Darío Campos.
