Olalla Díaz, elegida por unanimidad como nueva jueza decana de Lugo

Ingresó en la carrera judicial en 2010 y ocupó su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de O Porriño
Olalla Díaz. EP
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La Junta General de Jueces de Lugo designó por unanimidad a la magistrada Olalla Díaz Sánchez (Lugo, 1984), titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1, nueva jueza decana de Lugo. Olalla Díaz sustituye en este cargo a Inmaculada Santamaría, actualmente magistrada del juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Lugo.

Según informó la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, entre los objetivos que se marca Díaz Sánchez para su mandato destaca la recuperación de la normalidad en los órganos judiciales tras la Covid-19, para lo que asegura que tendrá en cuenta no solo las consecuencias de la crisis sanitaria, sino también "las necesidades que con anterioridad ya presentaban varios juzgados".

Además, la jueza decana se propone conseguir que Lugo "esté al nivel de otras ciudades de Galicia en materia de inversiones", al tiempo que destaca su apuesta por la modernización tecnológica, "potenciando la celebración de los juicios telemáticos como herramienta útil para continuar con la actividad judicial ante situaciones como la crisis del coronavirus".

Por último, según informa el TSXG, la magistrada se compromete a "representar y apoyar a sus compañeros, velando por sus derechos e intereses de la mejor forma posible".

TRAYECTORIA. Olalla Díaz Sánchez ingresó en la carrera judicial en 2010, pasando a desempeñar su primer destino en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de O Porriño. Por concurso de jueces, accedió al juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Lugo, destino en el que promocionó a la categoría de magistrada en 2018 y en el que permanece en la actualidad.

Desde su llegada a Lugo, por sus manos han pasado algunos casos de gran repercusión mediática. El último de ellos fue el relacionado con la fábrica de la luz, en el que condenó al Concelló a pagar una indemnización de 1,7 millones a la empresa adjudicataria por haberse dejado caducar el permiso de explotación. También validó el contrato de reforma y peatonalización de Quiroga Ballesteros contra el recurso interpuesto por el Colegio de Arquitectos y se negó a ampliar las medidas de control de ruidos sobre el ferial del San Froilán que exigían los vecinos.