La detención de un marroquí en mayo de 2008 por robar en un coche desencadenó la entrada y registro en un piso patera de Armando Durán y el comienzo de la operación Pollo, el primero de la era de macrosumarios en Lugo, que ahora vive sus estertores. Catorce años después, esta investigación iniciada por la jueza Estela San José, trasladada a Huelva hace años, está a punto de recibir carpetazo. El día clave podría ser este mismo lunes, cuando los abogados de 17 acusados y las 13 acusaciones particulares están citados con la Fiscalía para tratar de sellar un acuerdo que evite una elefantiásica vista oral. Será, lógicamente, un acuerdo a la baja.
En este caso se investigó una trama que se dedicaba a traer ciudadanos de Marruecos para emplearlos en empresas de Lugo, sobre todo granjas de cría intensiva de pollos y firmas que hacían la entrega y recogida de los animales. Los captados por esta red, liderada por el también marroquí Mohamed Chahidi, sus dos hermanos y un empresario lucense, tenían que pagar para conseguir llegar a España y luego eran obligados a trabajar en condiciones de semiesclavitud para la red. En su escrito de acusación, emitido en septiembre de 2019, el ministerio público solicitaba penas que sumaban 150 años para 18 acusados y medio millón de indemnización para las víctimas.
Los imputados que cargaban con las principales penas eran el aludido Mohamed Chahidi, para el que se piden 44 años; sus dos hermanos, para los que se solicitaba quince años y medio, y el empresario lucense C.O.R, que sumaba hasta 19 años y 9 meses de cárcel. Los otros catorce implicados se movían en un arco entre cuatro año y diez meses, en función de los delitos que se les atribuyen, todos ellos relacionados con los derechos de los ciudadanos extranjeros, los derechos de los trabajadores y estafa.
Si sale como está previsto y todas las partes aceptan la propuesta de la Fiscalía tanto para las penas de prisión como para el pago de las responsabilidades civiles, la operación Pollo se cerrará con condenas por debajo de los dos años de prisión, por lo que nadie entrará en la cárcel, y pagos de diversas cantidades a las 13 víctimas que se han personado, de entre el casi un centenar que llegó a figurar.
También la nómina de investigados se fue reduciendo con el paso de los años. Decenas de empresarios, sobre todo del sector de la ganadería y el transporte, de toda la provincia de Lugo pasaron por los juzgados, y hasta el que en esos años era el jefe de la Oficina Provincial de Extranjería. Tanto esta persona como otra veintena más vieron sobreseídas las acusaciones al final de una instrucción que ha acumulado 37.500 folios.
Todas las fuentes implicadas consultadas por este diario daban por hecho el acuerdo -al parecer, solo falta el visto bueno de uno de los acusados-, pero en el improbable caso de que no se cierre está previsto que la vista oral duré unos veinte días y que celebre en un pabellón municipal por la cantidad de abogados, imputados y testigos.
