El año pasado culminó el proceso de regularización catastral que puso en marcha el Ministerio de Hacienda en 2013 para hacer aflorar los bienes inmuebles que no estaban actualizados y por los que no se estaba cotizando. En Lugo, este plan dio lugar a 101.860 regularizaciones, es decir, procedimientos para poner al día el valor catastral de otros tantos elementos.
La mayor parte se han hecho en construcciones de carácter urbano, algo frecuente en casi todas las provincias, pero Lugo destaca por el elevado porcentaje de estos casos, el mayor de la comunidad gallega. En la provincia lucense, los expedientes de regularización supusieron el 18,3% de todos los inmuebles urbanos computados -73.357 de un total de 399.084-, mientras que este porcentaje en el resto de las provincias gallegas no pasa del 12,9%, correspondiente a A Coruña. Ourense tuvo la tasa más baja, con un 10%.
Por el contrario, aunque el número de inmuebles rústicos es mucho más elevado -2.707.802-, las regularizaciones en este ámbito han sido muchas menos -28.503, apenas el 1,2%-. Según el secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), José Antonio Mollinedo, "quien tiene un negocio agrícola, ganadero o forestal no suele tener necesidad de invertir mucho en las instalaciones o de ampliarlas porque no está abierto al público, sin embargo, en inmuebles urbanos las rehabilitaciones y ampliaciones son más frecuentes. Es frecuente ampliar porches e incrementar la superficie, ya sea en altura o en horizontal". Y todo eso supone una revalorización catastral.
Los cálculos del Ministerio de Hacienda también cifran la media ingresada por atrasos en 462 euros
RECAUDACIÓN. Cada uno de esos expedientes de regulación se inició con una tasa de 60 euros, independientemente de la cantidad que luego pudiera reclamarle el Ayuntamiento al propietario por la nueva valoración catastral y los atrasos. Es decir, solo por las regularizaciones, Hacienda recaudó 6,1 millones en la provincia de Lugo entre 2014, cuando se hicieron las primeras, hasta 2018.
Según José Antonio Mollinedo, esa tasa sustituye la sanción que lleva aparejada la infracción de no comunicar al catastro una nueva construcción o una rehabilitación, ampliación o cambio de uso. Al convertirla en una cuota de pago obligado, el ciudadano no tiene posibilidad de apelarla, como sí sucedería con una sanción, aunque sí puede recurrir el proceso de regularización si está disconforme.
A mayores, el Ministerio de Hacienda calcula que el incremento medio del recibo del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) de cada bien inmueble regularizado es de 174 euros. En la provincia de Lugo, esto supondría un incremento de recaudación a favor de los 67 concellos de 17,7 millones de euros. Otras fuentes apuntan, sin embargo, que la media en Galicia es inferior a la nacional, y que se sitúa en torno a los 113 euros, lo que haría descender este aumento hasta los 11,5 millones de euros.
Los cálculos del Ministerio de Hacienda también cifran la media ingresada por atrasos en 462 euros. En todo caso, el cálculo de las recaudaciones varía en función del coeficiente que aplica cada ayuntamiento a los bienes inmuebles.
Según el Ministerio de Hacienda, en la actualización de los datos catastrales los inmuebles se valoraron "de forma coherente" con el resto de construcciones de cada municipio y se asignó valor a la parte de la construcción, o a la característica, que no estaba incluida en el catastro, sin entrar a revisar los inmuebles no afectados por el procedimiento.
