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El Concello de Lugo niega que exista la orden de expulsión de una inmigrante que denunció el PP

Olga López Racamonde. AIDA SOENGAS
Olga López Racamonde. AIDA SOENGAS
Asegura que el informe municipal de arraigo social no es el motivo por el que no se concede el permiso de residencia

La edil de Benestar Social de Lugo, Olga López, negó este viernes que una "negligencia" en el departamento de servicios sociales municipal esté detrás de la denegación del permiso de residencia a una persona de nacionalidad extranjera que vive en la ciudad, tal y como denunció el grupo municipal del PP. Rechazó además que exista una orden de expulsión del país.

En declaraciones a los medios de comunicación, López aseguró que la denuncia del Partido Popular es "una difamación", porque "sobre esa persona no pesa aún ninguna orden de expulsión del país". Además, según dijo, "el informe municipal de arraigo social" —cuyo retraso dicen los populares que estaría detrás de esa supuesta "orden de expulsión"— no "es determinante para evitarla" y en este caso "no es el motivo por el que no se le concede el permiso de residencia" a esta persona.

La edila explicó que se ha reunido con la persona afectada para conocer de primera mano todos los detalles de lo sucedido e insistió en que la "denegación de un permiso de residencia no implica una orden de expulsión", además de aclarar que "nunca esa decisión se condiciona a la presentación o no del informe de inserción social, porque en todo caso, esa falta es fácilmente subsanable".

A su juicio, el portavoz del PP, Ramón Carballo, actuó en este caso "con una irresponsabilidad absoluta". 

RESPUESTA DEL PP. La formación conservadora respondía este viernes que en vez de "recoñecer a súa neglixencia na tramitación dun informe de arraigo social que non se emitiu en prazo", López Racamonde "se poña á defensiva e intente desviar a atención aludindo a que a denegación do permiso de residencia é por outras causas".

El grupo municipal del PP precisa que se hizo eco "dunha denuncia que unha persoa rexistrou no Concello de Lugo o pasado día 11 de novembro". Además, advierte de que la edila de bienestar podría estar vulnerando la protección de datos porque "resulta chamativo a información persoal, casi privilexiada, que manexa", ya que alega que la resolución "non figura nin na solicitude, nin no expediente".

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