El Concello mantiene unos pagos anuales de unos 2,2 millones a empresas que prestan servicios con contratos caducados y que están investigadas dentro de la operación Pokemon, que indaga el pago de sobornos a políticos y funcionarios de distintas administraciones públicas a cambio de contratos. La operación judicial se inició en 2012 y, en lo que respecta a las adjudicaciones en el Concello de Lugo, la instrucción está muy avanzada, aunque todavía falta para que se determine a quién se procesará.
Santiago Fernández Rocha
Portavoz de Lugonovo
"Os reparos de legalidade sobre os contratros caducos non causan ningún efecto sobre a conciencia do executivo"
Un caso sangrante es el de la grúa, ya que cada vehículo retirado le cuesta a los lucenses 500 euros.
A Cechalva, la empresa de la grúa, el Concello le paga algo más de 500.000 euros al año y el contrato caducó a finales de 2015. Esta es una de las empresas de las que el exconcejal Francisco Fernández Liñares confesó cobros y también se investiga si el encargado que tuvo la firma, un empleado municipal en excedencia, era el testaferro del político.
Otra de las empresas investigadas con las que el Concello mantiene contrato, pese a estar caducado desde 2013, es Esycsa, que en unión con otra firma (Etralux) se ocupa del mantenimiento del alumbrado público. La firma está ligada a Manuel Santiso, socio en la concesionaria de la grúa y empresario amigo de Liñares. En 2016, la sociedad percibió 1.515.487 euros del Concello, por lo que desde que caducó el contrato recibió como mínimo en torno a 4,5 millones de euros.
Por último, está Sermasa, la empresa que gestiona los museos municipales y que, aunque en Lugo no está investigada, forma parte del grupo Vendex, núcleo de la operación Pokemon. De él depende Doal, la empresa que gestionaba la Ora y de la que Liñares también confesó cobros. El gobierno de Lara Méndez rescindió el contrato de la Ora nada más llegar a la alcaldía puesto que llevaba años anulado por la justicia. El contrato de Sermasa está caducado desde 2015 y en 2016 la empresa cobró 205.974 euros.
Todos estos pagos se hacen con reparos de legalidad y, aunque algunos contratos vienen caducados del anterior mandato, Lugonovo critica que el gobierno no los regularice. «Ao principio un pode pensar que se debe á pouca rodaxe na institución, pero a perpetuidade da situación, dá pé a arroxar outras conclusións. Que terá este círculo do que o PSOE non sae?», pregunta Rocha.
Los servicios que están prestados por empresas que están sin contrato no se limitan exclusivamente a los prestados por las sociedades investigadas.
Algunos de los servicios esenciales de la ciudad, como los de saneamiento y abastecimiento de aguas, se prestan también sin contrato desde hace años, pese a la advertencias de grupos de la oposición de que el Ayuntamiento podría ahorrar dinero si convocara concursos para volver a adjudicar la gestión de esos servicios.
Incluso otros ya adjudicados, como el del transporte, no acaban de ponerse definitivamente en funcionamiento.
