lunes. 16.05.2022 |
El tiempo
lunes. 16.05.2022
El tiempo

El Concello verá si técnicos y políticos deben pagar por la fábrica de la luz

Concejales del PP, en la fábrica de la luz. VICTORIA RODRÍGUEZ
Concejales del PP, en la fábrica de la luz. VICTORIA RODRÍGUEZ
El PP de Lugo anunció que exigirá "ata o final" que la alcaldesa y el edil Daniel Piñeiro abonen 2,4 millones a los lucenses por la indemnización que el Ayuntamiento ha tenido que pagar a la empresa Inca

El PP compareció este viernes ante la antigua fábrica de la luz de Lugo para anunciar la presentación de un requerimiento a la alcaldesa, Lara Méndez, para que inicie el procedimiento para exigirse a ella misma y al exedil Daniel Piñeiro responsabilidad patrimonial por el caso de la fábrica de la luz y, en un inesperado giro de los acontecimientos, el gobierno local anunció que "estudará se ten cabida algún tipo de esixencia deste tipo".

En realidad, el gobierno local ya adquirió ese compromiso en un pleno en el año 2020, a raíz de una moción presentada por el PP y que resultó aprobada por unanimidad. En esencia, la propuesta buscaba que los 2,4 millones de euros con los que hubo que indemnizar a la empresa Inca por el fallido contrato de restauración y explotación hidroeléctrica de la fábrica de la luz fuesen abonados por los políticos que formaban el gobierno en ese momento.

No obstante, ese acuerdo plenario se tomó con algunos matices. Así, lo que se aprobó fue que se abriría una investigación para determinar si algún político o funcionario incumplió sus responsabilidades, tal como exige la Lei de Réxime Xurídico do Sector Público.

Sin embargo, este viernes el PP quiso eximir de cualquier responsabilidad a los funcionarios que intervinieron en este expediente. Al contrario, cree que hay que darles las "grazas" porque considera que "seguiron o procedemento polo guion" y advirtieron tanto al entonces concejal de medio ambiente, Daniel Piñeiro, como a la alcaldesa, de que debían tramitar la renovación de la concesión hidroeléctrica porque estaba a punto de caducar. Según el PP, esos requerimientos llegaron también del entonces presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), Francisco Marín, y en total fueron cuatro, aseguran los populares.

Sin embargo, ese trámite no se hizo y quedó acreditado por sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que hubo una "actuación negligente por omisiva" por parte del Concello, ya que la no renovación de la concesión de aprovechamiento hidroeléctrico imposibilitó a Inca cumplir un contrato que ya arrastraba muchas dificultades. Las obras en el río fueron paralizadas por la CHMS por no atenerse a lo autorizado y la empresa asegura que nunca pudo acceder al edificio para los trabajos que debía llevar a cabo en su interior.

El juzgado obligó al Concello a indemnizar a Inca y la empresa y la administración pactaron el abono de 2,4 millones de euros. El último pago se produjo hace unas semanas, en el plazo estipulado y después de que Inca tuviera que exigir en el juzgado la cantidad total (724.090 euros), que se correspondía con las turbinas y otros materiales que se fabricaron expresamente para esta fábrica aunque nunca llegaran a ponerse en funcionamiento.

Cumplida la sentencia, el PP cree que ha llegado la hora de exigir que Méndez y Piñeiro devuelvan a los lucenses los 2,4 millones de euros que costó a las arcas públicas las "neglixencias e cacicadas do PSOE". "Non temos interese en ir a por ninguén. Non é nada persoal, pero iremos ata o final ata que devolvan ata o último céntimo", afirmó Ameijide, que una vez más sustituyó al portavoz, Ramón Carballo, que asistía a una comisión en el Parlamento en su condición de diputado.

"ERROS E ACERTOS". Los populares creen que el propio gobierno reconoció "tácitamente" esa negligencia cuando apoyó la moción del PP en el pleno de 2020. este viernes, la oposición se mostró dispuesta a ir al juzgado si Méndez no activa el procedimiento. Esta dice que lo hará ahora, cumplida la sentencia. No obstante, remarcó que la toma de decisiones "conlevan erros e acertos" pero siempre se sustentan en "criterios técnicos", como sucedió en el cado de la fábrica de la luz, asegura. El gobierno alega que sus decisiones se toman pensando en la defensa del interés de los ciudadanos.

El Concello verá si técnicos y políticos deben pagar por la fábrica...
Comentarios