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Lugo cumple 8 meses sin Ora y aún no hay plan para regular el aparcamiento

Parquímetro de la zona azul desactivado en la Avenida Rodríguez Mourelo
Parquímetro de la zona azul desactivado en la Avenida Rodríguez Mourelo
El gobierno dice que avisó de que cumplir el acuerdo para municipalizar el servicio llevaría tiempo y culpa a la oposición. Los técnicos estudian dónde ubicar plazas de pago y los horarios

Ocho meses parecía un plazo extraño y corto para restablecer el control del aparcamiento en la calle que se suspendió el pasado 29 de julio por acuerdo del gobierno local y se ha demostrado que así era. El periodo está a punto de cumplirse y no hay ningún dato que haga pensar que la ciudad pueda contar con Ora, en cualquiera de las modalidades posibles, en los próximos meses.

La oposición tumbó en dos ocasiones la pretensión del gobierno de volver a contratar la gestión del servicio a una empresa. El equipo de Lara Méndez siempre dejó claro que la suspensión era temporal y que respondía al deseo de no mantener un contrato que llevaba cuatro años anulado por la justicia y una relación con una empresa bajo investigación judicial. Era la ocasión, además, para revisar el funcionamiento del servicio, que se regía por una ordenanza de los años noventa, para adaptarlo a las necesidades actuales de los conductores, aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías. La idea del gobierno siempre fue recurrir a una empresa, ya que sostiene que no tiene medios para prestar el servicio de forma directa ni posibilidad de contratar trabajadores, por las limitaciones impuestas por el Gobierno central. El contrato permitiría, además, garantizar el empleo a los 15 trabajadores de Doal, aunque para eso la subrogación tendría que hacerse en el plazo de un año.

La oposición, en cambio, apuesta por la gestión pública y el servicio a los conductores, gratuito, y así lo acordó en el pleno, donde supera ampliamente al gobierno. Este propuso hacer un contrato puente, porque sostiene que el proceso de municipalización del servicio iba a llevar tiempo, pero la oposición tampoco lo permitió y forzó la creación de una comisión para recuperar la gestión pública y diseñar el nuevo modelo de regulación del aparcamiento.

La primera y única reunión para llevar a cabo ese trabajo se celebró en la primera semana de enero. Gobierno y oposición acordaron encargar a los técnicos municipales varias líneas de trabajo: el estudio de las zonas donde es necesario regular el aparcamiento -sobre la mesa está reducir o eliminar plazas de estacionamiento restringido en algunas calles y crearlas en otras-; la búsqueda de espacios que puedan funcionar como aparcamientos disuasorios y la definición de los tiempos de rotación. Y en esas estamos, según el gobierno local. «Os técnicos están a elaborar os preceptivos informes e estudos sobre a viabilidade das propostas que foron expostas, traballos que teñen que compatibilizar co seu labor ordinario», asegura el equipo de gobierno, que no precisa cómo de avanzado está ese trabajo y cuándo se presentarán las conclusiones. A mayores, el Concello tiene que dotarse de una nueva ordenanza.

Entre los conductores, las percepciones son dispares, y mientras hay quienes ansían que el aparcamiento vuelva a estar regulado, también hay quienes prefieren sufrir más para aparcar que volver a pagar por hacerlo.

No solo los conductores se resienten de la falta de servicio. El Concello ha dejado de ingresar más de 16.000 euros al mes (percibía el 20% de la recaudación, más las multas) y 15 extrabajadores siguen en el paro.

El Concello no llegó a hacer la liquidación del contrato con Doal, de forma que, según el PP, la filial de Vendex sigue adeudando a la administración local «unos 700.000 euros», entre las mensualidades que faltan por abonar y el material que tendría que ser de propiedad municipal, como furgonetas, emisoras y PDAs.

Gobierno y oposición se reprochan la situación que vive la ciudad: el primero por suspender el servicio por su cuenta y riesgo y la segunda, por bloquear la contratación a una empresa.

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