Los quinquis que daban palos en la calle a los transeúntes han cedido terreno a los delincuentes de guante blanco que lo hacen a distancia, en muchos casos a miles de kilómetros, sin mancharse las manos. El acelerado cambio de hábitos de los consumidores, que realizan más trámites burocráticos y compras online durante la pandemia de covid-19, facilita que se disparen las infracciones penales telemáticas. Entre enero y mayo se presentaron 53 denuncias por estos casos en la comisaría de la Policía Nacional de Lugo, un 140,8% más que en el mismo periodo del año pasado.
En ese epígrafe se engloban desde estafas de 200 euros en la compra de teléfonos móviles o de cientos de miles de euros en la de criptomonedas hasta phishing, suplantaciones de identidad y coacciones o amenazas a través de las redes sociales.
Estos casos los investiga la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev). En los últimos días ha caído en manos de sus agentes las denuncias de dos lucenses a los que estafaron más de 100.000 euros a cada uno en la compra de bitcoins.
Estas criptomonedas, que no son emitidas ni controladas por una entidad bancaria, ni pertenecen a un país en concreto, pueden usarse a nivel mundial para adquirir bienes o servicios a través de transacciones electrónicas. Hoy en día se han convertido en un atractivo producto de inversión por su rentabilidad, tan elevada como, a veces, volátil. El precio de un bitcoin alcanzó esta semana los 31.000 euros.
El jefe de la Udev en Lugo, el inspector Héctor Pérez Arias, advierte de que la sustanciosa rentabilidad del dinero virtual propicia que se produzcan estafas cuando los inversores recurren a intermediarios, en vez de gestionar ellos directamente la compra y venta de las criptomonedas.
AUDIENCIA NACIONAL. La investigación realizada en la comisaría lucense fue remitida a la Audiencia Nacional. Su juzgado central de instrucción número 4 concentra lo que parece una estafa piramidal, que podría tener en todo el Estado unos 32.000 afectados con un perjuicio superior a los 100 millones de euros.
En el ojo del huracán se encuentra la plataforma de inversión en bitcoins Arbistar 2.0, con sede en Tenerife, que dejó a finales del año pasado de atender las órdenes de reembolso y bloqueó las cuentas, que atribuyó a un problema informático.
Esta firma canaria utilizaba como gancho para captar a sus clientes, a través de internet y de las redes sociales, rentabilidades del 8 al 15% mensual, que pagaba a costa del dinero de los nuevos ahorradores que captaba. Incluso compensaba a los inversores que incorporasen al sistema a un conocido suyo.
