Lugo no es ajena al exponencial incremento de los viajes ligado tanto a la generalización del Estado de bienestar como a la democratización de los billetes de aviones que ha supuesto la irrupción en el mercado de las aerolíneas de bajo coste. De la misma manera, tampoco se escapa de los constantes abusos y problemas derivados de este fenómeno: las reclamaciones en los juzgados lucenses contra estas compañías no dejan de crecer y en el último año se han presentado unas 120 demandas.
Según los datos facilitados por el juzgado de Primera Instancia 2 y Mercantil, que es el que centraliza todas estas demandas en la provincia, en el primer trimestre de 2019 registraron 45 nuevos casos, 33 en el segundo y quince en el tercero; hasta principios de diciembre, sumaban otras 20, por lo que si se mantenía el ritmo estaba previsto que el año finalizara sin forzar por encima de las 120.
Se trata, sin embargo, de una parte ínfima de las reclamaciones totales que los lucenses se ven obligados a poner por las disfunciones y abusos de las compañías aéreas, ya que solo una pequeña parte llega a los juzgados. La inmensa mayoría se queda por el camino, bien porque el afectado ha visto satisfecha en parte su reclamación o bien porque directamente desiste debido a la burocracia y a que se trata de cantidades pequeñas que no compensan los gastos legales de tramitación.
Y esa es, precisamente, la baza que juegan estas grandes empresas: saben y asumen que al final van a tener que pagar todas las reclamaciones válidas, en su totalidad o en parte, pero el enorme porcentaje de ellas que se quedan por el camino les compensa con cantidades millonarias.
Víctor Muñoz: "Las compañías saben que, por muy mal que les vaya y aunque al final tengan que pagar, no tienen penalización"
LA LEY Y LA TRAMPA. El origen del problema, según analiza Víctor Muñoz, abogado y presidente de la organización de consumidores Facua en Galicia, está en la legislación europea y nacional que regula la relación entre las aerolíneas y los usuarios: "Las compañías saben que por muy mal que les vaya y al final del proceso tengan que pagar, la cantidad no va a ser más de lo que tenían que pagar al principio. No tienen penalización", lamenta. La causa es que fuera de las indemnizaciones objetivas y automáticas marcadas en la normativa, y que van en función de las distancias y el tiempo de retraso, los tribunales no condenan a las aerolíneas por los daños morales o las molestias.
"Seguro que sería muy diferente", considera Víctor Muñoz, "si simplemente se les impusieran las costas judiciales en el caso de que la reclamación llegara a los tribunales y perdieran". "Pero en España en los pleitos por debajo de los 2.000 euros no se imponen costas, y la inmensa mayoría de las quejas no llegan a esa cantidad", lamenta.
NI SIQUIERA COMPARECEN. Este es un aspecto que confirman desde el propio juzgado mercantil de Lugo, donde tienen constatado que en la práctica totalidad de las reclamaciones las compañías ni siquiera llegan a personarse, pese a que se destinan ingentes recursos públicos para notificarles. Sencillamente dejan que se dicte sentencia a favor del afectado sin ni siquiera comparecer y pagan cuando la sentencia es firme. Como esas sentencias no suelen reconocer daños y perjuicios diferentes a los ya marcados en los baremos oficiales y no hay costas, no pierden nada.
Mientras, el perjudicado ha sufrido la incomodidad del viaje que ha originado la queja, las molestias de completar todo el procedimiento administrativo previo de reclamación y el asesoramiento legal para interponer la demanda en el juzgado. Demasiadas molestias y gastos para tan poco dinero a recuperar, por lo que al final los que agotan esta vía suelen ser viajeros extraordinariamente cabreados e indignados que se lo toman ya como algo personal.
Azcárraga: "La primera reclamación muchas veces ni te la contestan, pero cuando la pones después ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea suele ser muy eficaz"
AESA RESPONDE. Y es que la realidad demuestra que la reclamación por la vía administrativa suele ser bastante eficaz si se hace correctamente, como explican desde Facua y confirma el abogado lucense Victoriano Azcárraga, cuyo despacho ha gestionado un buen número de estas reclamaciones sin que nunca haya llegado a la vía judicial. "La primera reclamación muchas veces ni te la contestan", reconoce este letrado, "pero cuando la pones después ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea suele ser muy eficaz".
El recurso a Aesa es preceptivo si luego se quiere recurrir a la vía judicial, pero generalmente cuando las aerolíneas reciben la comunicación de esta agencia nacional sobre el expediente lo acatan y pagan. El problema, el de siempre: "Que te reconozcan una indemnización por daños y perjuicios es muy difícil", dice Azcárraga. Por lo general, solo devuelven el precio del billete y lo estipulado según el tiempo de retraso y los kilómetros, o lo cobrado de más por facturación indebida.
Por ejemplo, en uno de los casos que ha llevado recientemente este despacho se trataba de una persona con un billete de una compañía que suspendió el vuelo. La afectada tuvo que comprar uno mucho más caro de otra aerolínea, por lo que reclamó el precio de los billetes más una indemnización de 400 euros por daños y perjuicios.
Sin embargo, la compañía se limitó a abonar el precio del billete que le había vendido. Tras el envío del expediente a la Aesa, se le abonó también la diferencia que tuvo que costear entre su billete original y el otro, pero nada más.
Se trata, en cualquier caso, de un abuso generalizado por incumplimiento de contrato que no solo no acarrea castigo para las aerolíneas, sino que les produce enormes beneficios.
