Loureiro: "Siempre actuamos con total transparencia y con informes técnicos"

La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, volvió a defender que la junta de gobierno de la que ella formaba parte durante el mandato de Melchor Roel actuó con "total transparencia" y siempre en base a los "informes técnicos" para aprobar por silencio administrativo las licencias que ahora están bajo la lupa de la Justicia.

María Loureiro hizo estas declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio de la segunda jornada del juicio que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Lugo y en la que ella figura como investigada por un supuesto delito de prevaricación urbanística.

En cuanto al transcurso del juicio, en relación con el interrogatorio al que ella y sus compañeros de corporación fueron sometidos en la vista oral, aseguró que todos declararon "con tranquilidad y defendiendo que" actuaron "siempre conforme a los informes técnico-jurídicos" de los que disponía "la comisión de gobierno".

"Nos seguimos reafirmando. Que siempre actuamos con total transparencia y siguiendo los informes de los técnicos", insistió.

En ese sentido, aseguró que si la comisión de gobierno reconoció "el silencio administrativo" era porque "había un informe que reconocía ese silencio".

"Siempre nos apoyamos en los informes de los técnicos. Lo hicimos antes y lo hacemos ahora", apostilló.

"En las comisiones de gobierno en las que estábamos, los informes eran favorables y las licencias se daban según los informes", insistió la alcaldesa, quien también matizó que "si el informe era negativo, se denegaba la licencia, como se hace ahora mismo".

Junto a María Loureiro comparecen en la vista oral su teniente de alcalde y otros dos exconcejales -uno más no pudo estar presente a causa de una grave enfermedad- que formaban parte de la junta de gobierno que otorgó de licencias por silencio administrativo, entre los años 2006 y 2008, cuando Roel, que falleció en diciembre de 2013, era alcalde.

Entre los investigados, además de los miembros de la junta de gobierno, también figura un técnico externo, al que el ministerio fiscal le imputa, demás de un supuesto delito de prevaricación urbanística, otro de falsedad documental, por lo que pide para él la pena más alta, cinco años de prisión, una multa de 6.000 euros y la inhabilitación para ocupar empleo público durante seis años.

El ministerio fiscal considera que "la vía del silencio administrativo fue utilizada en algunos casos de un modo acorde al ordenamiento jurídico", pero incide en la ilegalidad del sistema utilizado para aprobar un total de 13 licencias, para la construcción de 645 pisos, cinco viviendas unifamiliares y un derribo.

Sostiene que para aprobar esas licencias, cuya legalidad está en tela de juicio, "se utilizó como subterfugio o artificio" el "informe" de ese técnico, que "no tiene acomodo alguno en el ordenamiento jurídico vigente".

Una "excusa", sostiene el ministerio público en su escrito de acusación, para "la adquisición de licencias por silencio administrativo" que no era posible "aprobar por ninguna otra vía legal".

El juicio continúa hoy con la declaración de varios testigos e informes periciales y las conclusiones de la defensa y las acusaciones popular y pública.