Dos bufetes de abogados de la capital lucense han presentado ante el Tribunal Supremo los recursos contencioso-administrativos de cerca de 200 empresarios y sociedades de esta provincia, que exigen la devolución de unos 4,8 millones de euros en total por el llamado céntimo sanitario.
Esa es la cantidad que se embolsó el Estado entre 2002 y 2009 por este impuesto que aplicaba al combustible, que fue declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace casi dos años.
Los demandantes pertenecen al sector de la construcción -empresas que se dedican a la excavación y a la obra pública- y, sobre todo, del transporte de mercancías por carretera.
Esa vía queda más franqueable a raíz de conocerse el pasado martes el fallo del Tribunal Supremo que ha estimado los primeros ocho recursos contencioso-administrativos que reclaman la responsabilidad patrimonial del Estado -encima de la mesa tiene 4.000-.
VALORACIONES. El letrado Pablo Gallego, del despacho Lucus Lex, que lleva los casos de la patronal lucense del transporte Tradime, afirmaba ayer que "al Supremo no le quedaba otra que darnos la razón porque estaba bastante claro que eran excusas del Ministerio de Hacienda para no pagar".
Este bufete ha presentado o está en vías de hacerlo unos 150 recursos por 3,8 millones de euros. "El 95% son de transportistas", explicaba Pablo Gallego, que considera que "a lo largo de 2016 se tendría que solucionar", pero reconoce que "va muy lento, pese a que el Tribunal Supremo ha creado una sección especial".
Carlos del Pino, que es letrado en Pin y Del Pino Abogados y Asesores Tributarios, señalaba ayer que "pasamos el corte", porque considera que se ha dado un importante paso adelante al declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, pero puntualizaba que "no sabemos cómo se va a aplicar".
A la espera de que se hagan públicas esas primeras sentencias, Del Pino advertía de que queda por concretar, por ejemplo, qué se hará con los cargos de las tarjetas de repostaje o cómo se establecerá la cuantía de las indemnizaciones, "si el Tribunal Supremo va a revisar las facturas o se las va a devolver a la Agencia Tributaria".
Este despacho lucense ha presentado más de 200 recursos de empresarios y sociedades de todo el país, por más de siete millones de euros, de los que 40 por importe de un millón son de la provincia.
Del Pino lamenta que «la tendenciosa campaña de desinformación» de la Agencia Tributaria ha provocado que "gran parte de los afectados hayan declinado reclamar al Estado su responsabilidad patrimonial".
