El fiscal fijará un plazo de un año y medio para concluir las macrocausas

Pokemon, Carioca, Bebé o Garañón seguirán siendo términos de uso habitual en los medios de comunicación y en los juzgados de Lugo durante mucho tiempo más, al menos otro año y medio. Ante la entrada en vigor el próximo lunes de la ley que limita las instrucciones a seis meses como norma general, la Fiscalía considera que las ocho grandes operaciones que se mantienen activas tienen la suficiente complejidad como para otorgarles de principio la prórroga hasta los 18 meses. Después, incluso se podrían alargar otros 18 si fuera necesario. 

La nueva y polémica Ley de Enjuiciamiento Criminal entra en vigor el día 7. Entre los cambios más relevantes se encuentra el aludido límite a las instrucciones judiciales, que no podrán alargarse más de seis meses. Pasado ese tiempo, será la Fiscalía la que determine si la investigación cumple con las circunstancias legales como para poder ser prorrogada otros 18 meses. En situaciones excepcionales, podría estudiarse una segunda prórroga de año y medio más.  

Las circunstancias que determinarán si una instrucción se prorroga son múltiples: que sea sobre grupos u organizaciones criminales; que tenga por objeto numerosos hechos punibles; que involucre a gran cantidad de investigados o víctimas; que exija la realización de pericias que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis o que precise de la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas. 

Como es evidente, a la gran mayoría de las macrooperaciones que siguen activas se les puede aplicar no solo uno, sino la mayor parte de los condicionantes anteriores. Es por este motivo, según Roberto Brezmes, fiscal jefe de Lugo, por lo que casi con toda seguridad se verán libres del límite de seis meses cuando sean analizadas. Habrá que verlas, no obstante, una por una, ya que, como recuerda Brezmes, los fiscales tendrán que valorar en los próximos meses la totalidad de las causas activas, sean grandes o pequeñas. Hay que tener en cuenta que este año finalizará con más de 7.000 casos abiertos en los juzgados de Lugo, lo que da idea del trabajo que espera a los fiscales. 

Para afrontarlo, Roberto Brezmes cree que lo más razonable es coordinarse con los propios juzgados y comenzar a valorar los casos por fechas, empezando con los más antiguos. El criterio será, además, "ser relativamente laxos estos seis primeros meses. Luego no será la norma a seguir, pero en este primer momento si hay duda, se declarará la complejidad". 

En un orden cronológico, la que se sitúa en primer lugar de las grandes causas es la operación Pollo, contra una red liderada por un marroquí que explotaba a compatriotas cargando pollos en granjas de toda la provincia. La instrucción está prácticamente acabada, casi lista para ser calificada por Fiscalía, pero ahora queda por determinar qué juzgado se hace responsable de la misma, un conflicto que tendrá que solucionar la Audiencia. Es posible, por tanto, que no sea necesario llegar a consumir los 18 meses, y seguramente desembocará en un juicio en el que tanto los imputados como los afectados será muchos menos de los que ahora figuran en los papeles. "Será difícil imputar delitos a otros que no estén directamente relacionados con la inmigración ilegal y la explotación laboral", aventura Brezmes. 

Ese mismo año, 2008, es el origen de la ya mítica operación Carioca, sobre las redes de prostitución y su relación con miembros de las fuerzas de seguridad. Se ordenó su reparto en 47 causas, pero su complejidad es tal que al menos 17 de ellas incluyen la práctica totalidad de los más de 200 tomos que acumula. Y son probables conflictos competenciales que tenga que dirimir la Audiencia con la mayoría de las 47 partes. 

Alrededor de un año después saltaba la trama de la retirada de multas en la Policía Local. Más de 80 imputados después, el caso también está pendiente de que algún juzgado acepte quedárselo. Al menos, cree el fiscal jefe, la mayor parte de la instrucción está realizada. 

En el ya lejano 2009 se iniciaba la operación Bebé, sobre las supuestas irregularidades en las adopciones de varios niños ordenadas por la Xunta. Es quizás uno de los asuntos que más tumbos judiciales ha dado, rebotado de un juzgado a otro y constantemente amenazado por el archivo. Ahora sigue pendiente de que se repitan más de una docena de interrogatorios. "Hay que valorar muy bien", opina Brezmes, "porque en muchos de los casos que se investigan lo que se ha hecho es consentir la decisión de la administración con respecto a los menores y cuando ya no había capacidad de recurso, se acudió a la vía penal. Habrá casos que merezcan atención penal, pero no creo que sean todos". Va, en cualquier caso, para largo. 

Otro tema que lleva camino de batir cualquier marca de cambios de juzgado e inhibiciones es el de O Garañón, de máxima actualidad debido a que de él depende el futuro de José Ramón Gómez Besteiro. Faltan interrogatorios a imputados, un montón de informes técnicos, datos bancarios... y ni siquiera se sabe todavía si la jueza Pilar de Lara seguirá o no al frente. Con Besteiro o sin él, los 18 meses de prórroga se hacen poco. 

Otro de los asuntos que centra el trabajo de la magistrada del número 1 es la operación Pokemon, desatada en 2012. Está previsto que al final solo sigan en Lugo las partes referidas a las contratas del Concello y a la Confederación Hidrográfica. Se han enviado fuera muchas de las causas separadas, pero la clave será la decisión de la Audiencia Nacional de si admite o no las dos más voluminosas: la de Vendex y la de Aquagest. 

También parece bien encaminada procesalmente la operación Cóndor, centrada en Monbus. La idea es separarla en diez o doce partes en función de los delitos, que puedan ser juzgadas por separado. Queda, no obstante, un largo camino. No menos, según parece, que el que deberá recorrer el caso Pulpo, en que se investigan distintos asunto relacionados con la Diputación de Lugo. A estas alturas, todavía se sigue pendiente de recibir complejos informes de la Udef para decidir no solo los siguientes pasos, sino si habrá o no más imputaciones.