LUGO. La Lei de Protección e Benestar dos Animais de Compañía entró el jueves en vigor, pero el Concello de Lugo tardará todavía un tiempo en poder asumir el papel que le asigna la ley. Esta exige que sean las administraciones municipales las encargadas de vigilar los gatos callejeros y realizar su control sanitario, así como esterilizarlos y registrarlos a su nombre. El departamento de Medio Ambiente aplicará su dispositivo de control en los siguientes meses, a la espera de que se aprueben los presupuestos, y lo hará solo en unas pocas colonias felinas.
El plan planteado desde el Concello cuenta con la colaboración de la Protectora de Animales como la responsable de capturar, vigilar y alimentar a los animales de la calle. Voluntarios de la Protectora llevarían a los gatos a las clínicas de la Asociación de Clínicas Veterinarias para ser esterilizados y desparasitados, todo tras estipular unos precios, según plan.
«Botousenos o Nadal enriba», comentó el concejal de desarollo sostenible, Daniel Piñeiro. Alega que las fiestas y los problemas para aprobar los presupuestos retrasaron la aplicación de este plan. Insiste en que existe una partida específica para esta labor.
Otra de las dificultades con las que se encuentra la administración, según Piñeiro, es que el Concello tendrá que registrar todos los gatos a su nombre. La administración tendrá que destinar un funcionario municipal para llevar el registro de los animales.
El PSOE intentó presentar un recurso a la ley para que no recayese todo el peso en las administraciones locales y también pudiesen registrar las asociaciones.
El plan del concejal es aplicar el dispositivo este «primeiro trimestre» de 2018 en unas cuantas colonias felinas para poder comprobar cómo funciona. El objetivo es ver cuantos voluntarios se suman, el gasto que supone el plan y cómo mejorar la vigilancia. Estos voluntarios serán los únicos autorizados para alimentar los gatos vagabundos, ya que la ley no indica un permiso específico.
El Concello tiene en cuenta que el coste inicial del proyecto será elevado, pero creen que irá a menos tras las esterilizaciones y el control de estos grupos de gatos con el paso de los meses.
CHIP O SANCIÓN. La nueva ley autonómica también plantea sanciones económicas para los dueños de animales domésticos que no hayan puesto el chip a sus mascotas. Este hecho se considera una infracción leve y puede acarrear una multa de entre 100 y 500 euros.
El presidente de la Asociación de Clínicas Veterinarias, José Rois, no ve que en los últimos meses hayan llegado más dueños para registrar a sus perros y gatos. Rois comenta que algunas personas han consultado por teléfono a clínicas tras leer la aplicación de la ley en prensa, pero eso no se ha traducido en más chips. El presidente confía en que la gente cumpla con su deber y registre a sus animales en las siguientes semanas a medida que se le da publicidad a la ley autonómica.
«No cambia mucho porque esto ya era obligatorio», explica el veterinario que defiende que muchos ignoraban la obligación al no haber una multa. «Si no se sanciona, la gente no lo hace», declara Rois.
Los gatos domésticos son las mascotas menos registradas, ya que la mayoría de los dueños no les instala el chip. Solo el 1% lo hace, estima el presidente. Solo los gatos que han viajado suelen estar registrados, ya que tienen que tener sus papeles al día.
«Hai cousas máis importantes en Lugo», comentó el concejal, Daniel Piñeiro.
