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Los comerciantes de la Plaza creen que las obras pueden arruinar su campaña de Navidad

Juan Carlos Cruz, en la plaza de abastos
Juan Carlos Cruz, en la plaza de abastos
Crece la "indignación" ante la falta de información por parte del Concello, que todavía no sabe si podrá recolocar los puestos durante los trabajos. La baja penalización a la adjudicataria por los retrasos aumenta la desconfianza

"Estamos indignados, porque están dejando en la estacada a más de cuarenta familias y a todos los asalariados", clama Juan Carlos Cruz Gallego, presidente y portavoz de la Asociación de Industriales de la Plaza de Abastos, que ha recuperado su actividad ante los problemas surgidos por el plan de reforma de este espacio comercial que desarrolla el Concello. Y es que a un mes de que deban dar comienzo las obras y a tres meses de que acabe el año y desaparezcan los fondos Urban con que se financian, la obra está sin adjudicar y los comerciantes no saben ni cuándo se cerrará la plaza, ni cuándo se abrirá ni si serán reubicados mientras duren los trabajos. En estas condiciones, las preocupaciones anteriores -por la asignación definitiva de puestos o por la falta de explicaciones técnicas- se han ido transformando en auténtico miedo por el futuro más inmediato: "El Concello solo nos dijo que las obras serían entre el puente de Todos los Santos y el de la Constitución, y que serían 33 días de cierre, en lugar de los ocho previstos. Pero si después de dos años se han plantado a estas alturas sin haber hablado con nadie, sin gestionar permisos, sin planificar nada, estamos viendo que nos van a arruinar hasta la campaña de Navidad, que es la más importante del año para nosotros", teme Juan Carlos Cruz.

Motivos no le faltan, y más después de comprobar cómo el Concello prolonga la incertidumbre sobre la posible reubicación temporal mientras duran los trabajos. Confiaban en haber recibido alguna explicación este miércoles, cuando esperaban que se celebrase una reunión que habían solicitado con el concejal responsable, Juan Carlos González Santín; la concejala de Economía y responsable del plan Urban, Ana Prieto, y el arquitecto director de las obras. Prefirieron anularla "para que no se caldeen aún más los ánimos", dado que en la oficina de Santín les informaron de que no tenían ninguna novedad y que sin siquiera tenían aún los informes para conocer las opciones de reubicación de los puestos, para lo que ni siquiera se habían solicitado los permisos sanitarios. "Por si fuera poco", lamenta el portavoz de la asociación, "ahora nos enteramos de que Santín va a dejar la concejalía. Esto es un caos, la poca información que tenemos es por la prensa".

"La penalización por retraso solo es de mil euros al día en una obra con un presupuesto de más de millón y medio", dice Cruz

Juan Carlos Cruz insiste en que no se oponen a las obras -"aunque seguramente se podrían hacer de mejor manera"- y que la preocupación más inmediata para la mayor parte de los afectados en este momento es la de la reubicación temporal: "La mayoría tenemos clientes fijos, como colegios y restaurantes, a los que no podemos dejar de servir sin más, porque lo más fácil es que los pierdas. Y no se puede picar la carne o limpiar el pescado en el baño de casa. Si tenemos que cerrar los 33 días luego podremos pedir indemnización, pero de qué te sirve si pierdes los clientes".

El problema añadido, insiste, es que ante semejante descontrol de personas y tiempos ya ninguno de los empresarios de la Plaza de Abastos confía en que vayan a cumplir siquiera el plazo de los 33 días. Por un lado, razonan, sería la primera vez en la historia reciente del país que una obra pública acabase en plazo; por otro, la penalización por retraso que incluye el pliego de adjudicación tampoco asegura gran cosa: "La penalización es de mil euros por día. En una obra de más de millón y medio de euros, a la empresa adjudicataria un mes más le suponen solo 30.000 euros, una cantidad muy pequeña", explica este placero.

Entre medias, toda esta incertidumbre podría haberse evitado, según Ángel Vellé, abogado de la asociación, si el Concello hubiera puesto en funcionamiento la comisión mixta con los placeros que se contempla en la ordenanza municipal. Ahora, sin embargo, todo es miedo y desinformación. "No quieren parar de trabajar y que luego les paguen, sino un lugar con las condiciones mínimas para hacer su trabajo", resume Vellé.

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