Los acusados alegan que había tantas obras del Plan E que faltaban empresas para hacerlas

Siete años después de iniciarse la operación Rei, la Audiencia Provincial retomó ayer la vista oral que había iniciado en octubre de 2014 y que se interrumpió en seco al declarar la sala la nulidad de toda la instrucción y el sobreseimiento de las acusaciones. Ayer, los ocho acusados regresaron al banquillo, después de que el Tribunal Supremo anulara la sentencia de la Audiencia, y en esta ocasión lo hicieron para entrar en el fondo del asunto y negar la mayor: no hubo ilegalidades en las adjudicaciones de obras y plazas de empleo temporal en el Concello de Castro de Rei.

Entre los ocho acusados hay cuatro de los cinco miembros del gobierno que dirigía entonces Castro de Rei: el alcalde socialista Juan José Díaz Valiño y los concejales Antonio Balado, Roberto Lorenzo y Ana María Canto. Testificaron por ese orden, aunque en realidad los testimonios de los tres concejales no fueron sino la adhesión a los argumentos de defensa que había desgranado Valiño en un largo y por momentos tenso interrogatorio.

COMBATE DIALÉCTICO. El exalcalde protagonizó durante dos horas un auténtico combate dialéctico con el fiscal jefe, Roberto Brezmes, quien pide para él 4 años de prisión y más de 16 de inhabilitación para cargo y empleo público como principal responsable de haber urdido con sus concejales una trama para amañar los procedimientos de adjudicación de obras para dárselas a empresas elegidas previamente por motivos políticos y de amistad. Para ello, según el fiscal, acumulaban o fraccionaban contratos para que no fueran de menos de 50.000 euros ni de más de 200.000, para poder manejarlos por medio del procedimiento negociado: invitaban a tres empresas a presentar ofertas pero sabiendo previamente que dos de esas ofertas o no se iban a materializar o no cumplían los requisitos.

Valiño, sin embargo, se amparó en el propio funcionamiento del procedimiento negociado para defender la legalidad de todas las adjudicaciones, y añadió un aspecto mas: la mayor parte de esas obras formaban parte del Plan E de Rodríguez Zapatero, que regó de millones a los ayuntamientos de toda España para que se realizaran obras con el objetivo declarado de que se otorgaran a empresas locales para dinamizar la economía. Esto provocó, según argumentó el exalcalde, que en ese momento hubiera tal oferta de obra pública en todos los concellos que incluso tenían problemas para encontrar a empresas que quisieran concursar, con el problema añadido de que además tenían muy poco tiempo para realizarlas, por lo que había que tramitarlas por procedimiento de urgencia.

Por ello, respondió el exalcalde al fiscal, en muchas ocasiones hasta tenían que repetir el proceso invitando a las mismas empresas o darles la oportunidad de corregir errores en la documentación una vez presentadas. Pese a ello, insistió en ningún caso se seleccionó previamente al adjudicatario y luego se le dio apariencia de legalidad.

A QUIÉN NOS DE LA GANA. El problema, tal y como puso de relieve el fiscal en sus interrogatorios, es que en las grabaciones de los pinchazos telefónicos figuran conversaciones de Valiño con los otros acusados en los que se escuchan frases como"se las vamos a dar a quien nos dé la gana","hay una empresa afín al partido que quiere hacer trabajos","el hijo anda pidiendo votos para el PP","si le das un chollo a él y lo enganchas a lo mejor enganchas a toda la familia" o"habrá una serie de criterios por los que te lo damos a ti".

El exalcalde, al igual que luego hicieron sus interlocutores en esas conversaciones, Balado y Lorenzo, se defendió alegando que cuando hablaban de determinadas empresas se referían a darles las invitaciones para que presentaran oferta, no de darles la adjudicación en sí. Que luego sucediera, como defiende el fiscal, que esas empresas resultaran finalmente las ganadoras dependía ya, dijo Valiño, de los criterios técnicos. Según ellos, dividían a las empresas en grupos según sus especialidades -saneamiento, canalizaciones de agua, edificaciones y asfaltado- e invitaban siempre a empresas de esos grupos. Y que si las conversaciones pueden dar a entender otra cosa, es solo porque son maneras de hablar sacadas de contexto.

En cualquier caso, otro argumento reiterado en su defensa fue que el interés que los movió fue la defensa del beneficio del pueblo y que ninguno se llevó ni un euro o obtuvo favores personales por estas adjudicaciones.

LOS HERMANOS. Además, tanto Valiño como Lorenzo y Balado negaron que su compañera en el Concello y en el banquillo Ana María Canto hubiera presionado de ningún modo para que se les dieran obras a una empresa propiedad de sus hermanos, pese a que sí estaba en la junta de gobierno que actuaba como mesa de contratación. Los cuatro defendieron que consultaron este aspecto y que se les dijo que no había ningún problema, ya que ella no tenía relación alguna con la empresa de sus hermanos, y que su voto tampoco era decisivo, además de que dicha firma había realizado antes muchos trabajos para el Concello. Canto fue más allá y aseguró que sus hermanos le pedían que nos les encargaran obras porque incluso perdían dinero con ellas y las hacían solo por ser para su ayuntamiento.

Caso aparte es la supuesta falsedad en documento oficial por el que el fiscal pide prisión para Valiño. Se trata de una certificación de fin de obra de la instalación de un ascensor que, según la acusación, se realizó sin estar acabada la obra para no perder la subvención. Valiño no solo defendió que estaba acabada, sino que indicó que ese documento se había emitido a petición de la Xunta y siguiendo sus instrucciones.