"Llevamos más de diez años esperando un desahucio y ya no aguantamos más". Así de desesperados se muestran los residentes del inmueble número 2 de la Rúa Fontaneira, en Burozos, donde una familia alojada por el Concello —al amparo del plan de erradicación del chabolismo— ha convertido la vida de sus vecinos en un auténtico infierno.
Los afectados aseguran que tuvieron problemas de convivencia con estos inquilinos "desde el primer día", por lo que llevan una década suplicando que los desalojen y le devuelvan la calma al barrio. "Nosotros no queremos perjudicar a nadie, pero necesitamos recuperar la tranquilidad porque llevamos ya muchos años teniendo que tomar pastillas para dormir y pasando miedo cada vez que entramos en el portal de nuestra casa. Nadie se imagina lo que es esto", aseguran.
Los vecinos de este inmueble tienen que soportar continuamente ruidos, suciedad y malos olores, ya que la familia alojada por el Concello utiliza las zonas comunes para acumular desperdicios. "Cogen todo lo que encuentran en los contenedores y lo que no les sirve lo dejan en el portal, en las escaleras o en el ascensor. Es asqueroso. Además, ponen la música a todo volumen por las noches y es imposible conciliar el sueño. En el edificio viven personas mayores y niños pequeños que tienen que madrugar para ir al colegio y no pueden pegar ojo".
Cuando ya no pueden más, los vecinos llaman a la Policía, "pero es peor, ya que no les pueden hacer nada y después nos amenazan. Abren la puerta de su casa y nos dicen: 'Ahora sí que no vais a dormir' o 'Vais a bajar todos rodando por las escaleras'. Además, cada vez viven más familias en el piso". Los afectados dicen además que el Concello no paga las cuotas de la comunidad y que no se ha hecho cargo de los desperfectos ocasionados por las filtraciones de agua procedentes de su piso. "Paga siempre tarde. La cuota es de 50 euros al mes y ahora mismo nos está debiendo unos 700 euros. Nos parece increíble", lamentan.
Desde el Concello de Lugo explican que ya pusieron el caso en manos del juzgado y que, el pasado 4 de octubre, la familia alojada fue condenada a la privación del derecho de uso de la vivienda. Sin embargo, su abogado presentó un recurso de apelación, por lo que continúan en el piso. "Ahora está en manos de la Justicia y el Concello está del lado de los vecinos", aseguran.
