La investigación sobre la trama de corrupción en torno a la adjudicación del servicio de la grúa municipal en el Concello de Lugo está por fin lista para ser juzgada. Finalmente, el juez ha propuesto que se sienten en el banquillo once personas, encabezadas por el exconcejal y expresidente de la Confederación Hidrográfica Francisco Fernández Liñares. Condenado ya en otras causas y pendiente de su ingreso en prisión de los recursos presentados ante el Supremo, Liñares se enfrentará esta vez a un total de nueve años y medio de prisión, que el fiscal le pide por cuatro delitos.
Se trata del caso que hace diez años dio origen a la operación Pokemon, dirigida por la jueza Pilar de Lara y que se acabó extendiendo por media España, siempre en base a supuestas irregularidades en las concesiones de servicios públicos. De esa investigación resultaron una treintena de piezas, que su mayor parte fueron archivadas.
Esta vez parece que será diferente. El juzgado instructor, ahora bajo la dirección de la jueza sustituta Yanet Puga, ha dictado auto de apertura de juicio oral, que deberá celebrarse en la Audiencia Provincial. En él Liñares y sus presuntos socios Javier Reguera (funcionario del Concello y extrabajador de la anterior concesionaria de la grúa) y el empresario Manuel Santiso (propietario de la firma Sanle) deberán responder como sospechosos de liderar la trama para aprovecharse de la información y los contactos de Liñares y Reguera en el Concello para adjudicarse de manera irregular la gestión de la grúa.
Para ello, considera el juez, utilizaron la empresa Cechalva, propiedad de unos empresarios de Oviedo que también serán procesados en este juicio. Completarán el banquillo de los acusados cuatro contables y autónomos que ayudaron a crear las facturas y la contabilidad falsa para blanquear el dinero B generado por Cechalva.
Las dos últimas sillas las ocuparan dos personas de la absoluta confianza de los dos principales acusados, que el juez considera que los ayudaron a blanquear sus beneficios ilícitos: el cuñado de Javier Reguera y Miguel García-Gesti, socio de Liñares en la empresa Artenosa.
El auto de apertura de juicio oral incluye un par de novedades respecto al anterior de cierre de instrucción. Las principales, que desaparecen de la lista de implicados la mujer de Liñares (aunque sigue como partícipe a título lucrativo de los negocios de su marido), Concepción Ferreiro Fernández, y el jefe de servicio de Medio Ambiente del Concello, Miguel Ángel Negral, que había estado comprometido por la adjudicación de una pequeña obra a Sanle.
No todo son malas noticias para los implicados. El auto judicial reconoce de entrada que todas las penas han sido reducidas al aplicarse "a todos los acusados la atenuante de dilación indebida y extraordinaria del procedimiento". Además, uno de los socios de Cechalva también gozará de la atenuante de colaboración.
Multas y fianzas
Menos satisfacción les tiene que dar leer las elevadas cuantías que la jueza propone como indemnizaciones en caso de condenas. Liñares, por ejemplo, arriesga 900.000 euros, por los 259.000 de Reguera y Santiso o los 300.000 de Miguel García-Gesto.
Pero es que aún más elevadas son las fianzas que se proponen antes de la vista oral, ya que a las cantidades totales la jueza añade el 30% para asegurar los pagos de costas procesales e intereses. En total, entre los 11 procesados deberían depositar un total de 2.779.152 euros.
Imputados y penas que pide la Fiscalía
► Francisco F. Liñares
Exconcejal en Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica. El juez le atribuye, entre otros, el cobro de comisiones (2.000 euros mensuales) por la concesionaria de la grúa y también la participación en esa empresa con otros socios. Delitos Cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y violación de secretos por funcionario público. Penas 9 años y medio de prisión. Multas 950.000 euros.
▶ Javier Reguera
Funcionario y empleado de Setex Aparki. Implicado clave para conocer los secretos de la anterior concesionaria y lograr el contrato. Él recibiría los 2.000 euros. Delitos Uso de información privilegiada, cohecho, blanqueo y contable. Penas 7 años y 9 meses. Multas 259.000 euros.
▶ Manuel Santiso
Gerente de la empresa lucense Sanle. Supuestamente acordó con Francisco Fernández Liñares y Javier Reguera la manipulación del proceso de contratación de la empresa de la grúa para hacerse con su control. Delitos Información privilegiada, cohecho, falsedad mercantil y contable. Penas 7 años y 8 meses Multas 259.000 euros.
▶ Jorge Pío Cecchini
Socio fundador de Cechalva. El juez cree que participó en el proceso, aprovechando que tenía su actividad asentada en Oviedo también como concesionaria de la grúa municipal. Delitos Uso de información privilegiada, cohecho, falsedad mercantil y contable. Penas 6 años y 3 meses. Multas 155.400 euros.
▶ José Luis Álvarez
Socio del anterior. Denunció los hechos cuando sospechó que la conexión lucense se estaba quedando dinero. Asumió incluso sus comportamientos delictivos y colaboró con la Justicia. Delitos Uso de información privilegiada, cohecho, falsedad mercantil y contable. Penas 2 años y tres meses de prisión. Multas 83.600 euros.
▶ Demetrio Arias
Cuñado de Javier Reguera. El juez le atribuye el papel de testaferro de Reguera y Liñares en la empresa Cechalva después de una reestructuración del accionariado. Delitos Blanqueo. Penas tres años y medio. Multas 75.000 euros.
▶ Miguel García-Gesto
Administrador de Artenosa Publicidad. Liñares habría inyectado dinero procedente de sus actividades ilícitas en esta firma. Delitos Blanqueo. Penas 4 años (o alternativa de 1 año y tres meses) Multas 300.000 euros.
▶ Ángel Prado
Contable en Cechalva. Se encargaba de la facturación de la compañía y "en concreto de la caja B". Además lo hacía sin contrato alguno. Delitos Falsedad mercantil y colaboración en delito contable. Penas 2 años y 3 meses. Multas 4.050 euros
▶ José Eduardo Cuadrado
Asesor de Cechalva a través de su despacho Asesoramiento Lucense. El juez le atribuye haber participado en la trama para la falsificación de facturas. Delitos Falsedad mercantil y colaboración en delito contable. Penas 2 años y 3 meses. Multas 4.050 euros.
▶ Antonio Otero
Administrador de Talleres Otero Rus. También facilitó facturas para que la trama pudiera blanquear dinero. Delitos Falsedad mercantil. Penas 1 año y 9 meses. Multas 3.240 euros.
▶ Consuelo Domínguez
Administradora de Advantic Norte Consultores. Supuestamente facilitó facturas, que generaron una cantidad de dinero en caja B con la que se pagaron vacaciones de empleados. Delitos Falsedad en documento mercantil. Penas 6 meses. Multas 1.800 euros.
