La Fiscalía y los juzgados de instrucción de la provincia de Lugo han conseguido evitar uno de los efectos más temidos de la reforma judicial que imponía un límite temporal a las instrucciones, y que amenazaba con obligar a cerrar en falso algunas de las causas más relevantes que se están siguiendo en la provincia. El 6 de diciembre se alcanzaba ese plazo legal para las causas declaradas complejas que habían podido disfrutar de dos prórrogas de 18 meses cada una, pero se ha cumplido sin que ningún caso relevante se haya visto afectado.
Ninguna de esas piezas será sobreseída o irá a juicio sin haberse practicado todas las pruebas que se han considerado necesarias, aunque para ello la Fiscalía ha tenido que solicitar en los últimos tres años un total de 525 declaraciones de complejidad, cincuenta solicitudes de prórroga y hasta 1.885 peticiones de plazo máximo.
El problema nacía el 6 de diciembre de 2015, con la entrada en vigor del polémico artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establecía un límite máximo de seis meses para completar las investigaciones judiciales, a contar desde ese mismo día. En su momento, este artículo fue visto como una maniobra del Gobierno del Partido Popular para obligar a cerrar algunas de las múltiples investigaciones por corrupción que afectaban a sus cargos públicos, y en la actualidad el Parlamento está dando pasos para su derogación.
El 6 de diciembre de 2015, la reforma judicial limitaba a 6 meses el plazo de instrucción, ampliable hasta un máximo de 36
Ese artículo 324 también establecía que el juez podía declarar compleja la investigación a petición de la Fiscalía si reunía una serie de características que la hacían especialmente complicada. Roberto Brezmes, fiscal jefe de Lugo, explica que en estos tres años los miembros de la Fiscalía solicitaron y consiguieron declarar complejas hasta 525 causas, entre ellas la mayor parte de las múltiples en las que se dividieron los macrosumarios que todavía que siguen activos.
Una vez logrado que se declarasen complejas, la Fiscalía podía solicitar una primera prórroga de la instrucción de hasta 18 meses y, acabada esta, otra de hasta otros 18 meses. Justo ese es el plazo que finalizaba el pasado 6 de diciembre, lo que suponía que, en esa fecha, las causas sometidas a dicho plazo debían o sobreseerse o ser enviadas a juicio con los pruebas acordadas hasta ese mismo momento.
"Cuando entró en vigor", recuerda Roberto Brezmes, "lo primero que piensas es que es inevitable que a algún fiscal en algún caso se le pase un plazo, aunque eso tampoco implica que la causa se archive: puedes quedarte sin alguna prueba que falte o sin pedir nuevas diligencias, pero puedes ir a juicio con lo que tienes". Bien es verdad que "al final la instrucción la dirige el juez y el responsable del control de los plazos es del letrado de la Administración de Justicia, pero si se pasan esos plazos los que no podemos acusar somos los fiscales y la pérdida es para la sociedad".
ALARMAS. Para evitar ese riesgo, la Fiscalía creo un sistema interno de alarmas en la aplicación de gestión para cada causa de manera que el sistema avisara cuando se cumplía el plazo.
La Fiscalía lucense creó un sistema interno de alarmas en la aplicación de gestión que avisara al concluir el plazo de cada causa
De este modo, detalla, Brezmes, "todos los meses hacíamos un listado completo de todos los casos que cumplían plazo en ese mes y se lo enviábamos a cada juzgado para que estuvieran alerta. Hemos tirado con lo que había. Era nuestra cláusula de salvaguarda".
Eso les obligó a revisar todas las causas que había abiertas en la provincia a fecha de 6 de diciembre de 2015, aunque una vez vista la situación, en la mayor parte de los casos optaron por no pedir prórroga de instrucción, sino utilizar otra de las posibilidades que otorgaba la norma: la solicitud de plazos máximos, es decir, que se marque un fecha máxima para cerrar la investigación.
"El plazo máximo", argumenta el fiscal jefe, "te permite pedir diligencias complementarias cuando finalice la instrucción, y además en el supuesto de que lo denieguen el auto es recurrible y en el otro caso no".
En la operación Pokemon contra la corrupción en las instituciones, por ejemplo, se acordó el plazo máximo de dos años, por lo que para buena parte de las piezas que siguen abiertas el final de la instrucción está señalado para junio de 2019. "En otros casos examinamos la pieza, comprobamos las diligencias que faltaban y las pedimos, sin prorrogar más los plazos, porque si esas diligencias las acuerda el juez aunque lleguen fuera de plazo son válidas", explica Roberto Brezmes.
En la operación Pokemon se fijó el cierre de la instrucción para junio de 2019 y en la Carioca ya casi no quedan piezas abiertas
Así, desde la entrada en vigor de la norma, en la Fiscalía de Lugo se han solicitado un total de 2.460 actuaciones en relación con el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se pidieron 525 declaraciones de complejidad, 1.885 solicitudes de plazo máximo y 50 de prórroga.
Hay que tener en cuenta que una misma pieza puede ser objeto de varias de estas peticiones. "Hemos adaptado nuestras peticiones", reconoce el fiscal, "a lo que nos era más ventajoso. Y no siempre eran plazos máximos de dos años: te viene una causa y calculas lo que te falta y lo que tarda en llegar la prueba pericial que falte, y ese el plazo que pides, teniendo en cuenta que debes dejar un margen por si acaso de esa pericial se derivan posteriormente otras actuaciones".
CASOS. En estas circunstancias, y respecto a los principales macrosumarios que quedan activos, se puede ya avanzar que la mayor parte de las piezas que faltan del caso Pokemon tienen fijada su finalización de la instrucción para el 6 de junio del año que viene; es el caso, por ejemplo, de las referidas a Vendex o a Aquagest, ya que la que investiga las adjudicaciones de la grúa y la Ora en el Concello de Lugo está ya finalizada y pendiente solo de recibir informes y diligencias solicitados.
En lo que respecta a la operación Carioca, sobre redes de prostitución, el fiscal jefe de Lugo, Roberto Brezmes, asegura que "no queda prácticamente ninguna por regularizar; por ejemplo, el plazo para la pieza que gira en torno al Eros (uno de los burdeles investigados en este caso) ha terminado ahora y no se ha pedido prórroga".
