Félix Vidal Anido, el tristemente conocido como el violador del estilete, permanecía este sábado en el módulo de ingresos de la prisión asturiana de Villabona, tras haber sido detenido en Oviedo acusado de una nueva agresión sexual. Un delito que, de finalizar en condena, permitiría ahora, con las últimas reformas legales, aplicarle mejores y más contundentes medidas de control incluso cuando sea excarcelado, algo que no fue posible en sus anteriores condenas.
Vidal Anido, según confirmaron fuentes policiales a diversos medios del Principado, "consumó" el delito de agresión sexual del que se le acusa, y la víctima sería una mujer que presenta un alto grado de discapacidad, circunstancia que actuaría como agravante y permitiría que una posible condena fuera aún más alta.
Pero es que, además, en caso de que finalmente se demuestre la autoría y haya una sentencia por agresión sexual, los últimos cambios legales y la última reforma del Código Penal reducirían al máximo su posibilidad de beneficios y aumentaría la posibilidad de control.
En caso de que ahora hubiera una condena por un delito de agresión sexual, la sentencia podría superar con facilidad los diez años
Hay que recordar que Vidal Anido se benefició primero de la anulación de la doctrina Parot para ser liberado en 2013 pese a que cumplía 73 años por las agresiones sexuales a dos mujeres en Lugo mientras estaba de permiso por otras violaciones. Posteriormente, en 2014, fue sentenciado en Lugo a veinte meses de cárcel por una nueva intentona, aunque en ese caso solo se pudo probar un delito de coacciones.
Por eso no se le pudieron aplicar las medidas recogidas en las últimas modificaciones legales para los agresores sexuales. En caso de que ahora hubiera una condena por un delito de agresión sexual (consumado, según la Policía, no en grado de tentativa), la sentencia podría superar con facilidad los diez años, que además cumpliría prácticamente íntegros y con muy pocas opciones de acceder a beneficios penitenciarios.
LIBERTAD VIGILADA. Además, esa sentencia incluiría con toda seguridad un periodo de libertad vigilada una vez abandonase la prisión. Ese periodo podría oscilar entre los cinco y los diez años, en los que el violador del estilete estaría bajo vigilancia legal de las fuerzas de seguridad (no como hasta ahora) y tendría que cumplir una serie de medidas estrictas para estar siempre localizable.
También sus datos pasarían a formar parte del terrible listado público de delincuentes sexuales que se ha creado, que está a disposición de las administraciones. Además, su ADN estaría también registrado, para ser cotejado ante cualquier sospecha de participación en otros ataques.
