Respuestas. Eso es lo que reclaman con urgencia la familias de los dos lucenses asesinados hace 23 años en Cash Record. Los allegados de las víctimas adornaron ayer la muralla con imágenes de los fallecidos y desplegaron carteles con una cronología en la que explicaban el periplo judicial en el que se vio envuelto el caso, que está a punto de prescribir. "Logramos que fuera declarado caso complejo y nos concedieron una prórroga de 18 meses antes de cerrarlo. Nuestro abogado solicitó en octubre tres diligencias, pero el plazo finaliza el 6 de junio y no nos contestan", lamentan.
Isabel López Rodríguez y Avelina Sánchez Freire -hermana y cuñada respectivamente de los fallecidos: Elena López y Esteban Carballedo- se concentraron una vez más a las puertas de los juzgados para exigir que el crimen no caiga en el olvido. "Necesitamos que nos den una respuesta sobre las diligencias solicitadas, que consisten en la declaración de varias personas relacionadas con el único investigado. Creemos que podrían arrojar algo de luz al caso. Además", apuntan, "si los llaman a declarar se pararía el proceso, por lo que ganaríamos tiempo, pero si no los llaman, en un mes prescribirá y lo cerrarán todo".
Los allegados de las víctimas recuerdan que si el juzgado no cita a los testigos, el caso se archivará el 6 de junio
Las familias de los asesinados también enviaron una carta al fiscal jefe de Lugo, Roberto Brezmes, reclamando su apoyo. "Nos había dicho que nos iba a apoyar y que el abogado solicitara las diligencias que estimara, que no se iba a oponer. Sin embargo, también seguimos sin respuesta alguna y queremos recordarle su compromiso".
Los familiares de Elena y Esteban -asesinados el 30 de abril de 1994- critican la "dejadez" de las distintas administraciones y aseguran que, aún así, no van a tirar la toalla. "El juzgado guarda silencio y la Policía ya ha dicho que considera la investigación agotada, algo realmente increíble, puesto que ha sido paradójicamente en los últimos tiempos cuando más información ha aflorado", dicen.
Las familias insisten en que se llame a declarar a varias personas que supuestamente presenciaron una declaración autoincriminatoria del sospechoso cuando estaba en Bonxe, a los cómplices del único imputado en otro asunto relacionado con tráfico de drogas y armas, y a un exagente de la Guardia Civil que visitó varias veces al sospechoso en la cárcel.
"Nos queda un mes de plazo y todavía tenemos esperanza. Y aunque el caso se cierre, vamos a seguir luchando con fuerza para que se haga de alguna forma Justicia", concluyen.
