El abogado de las dos familias de los dos asesinados en el doble crimen del Cash Record ocurrido en el polígono industrial de O Ceao, Gerardo Pardo de Vera, tacha la instrucción del caso como "una chapuza monumental". Al respecto, subraya que "no" es que lo diga él, "sino que incluso lo dijeron fiscales que se han encargado del caso a lo largo de la instrucción". Un proceso que podría cerrarse en junio al prescribir el doble crimen que le costó la vida a la cajera Elena López y al reponedor Estebán Carballido, y que se le imputó a un hostelero que vive en Burgos y que regentaba en el momento de los hechos, en 1994, el bar Los Ángeles, en el centro de la ciudad amurallada.
El letrado lamenta "una cierta apatía o desidia, con ciertos elementos turbios en esta investigación que es inaudita en la historia judicial española". "Si hacemos un análisis comparativo con otras causas similares, como fue en la época del Padre Coraje, en términos de claridad, de la instrucción, de la diligencia a la hora de recabar pruebas, de eficacia policial y judicial, el caso del Ceao saldría el peor parado de todos", ha protestado.
TESTIFICALES. Las familias no se resignan a que prescriba el doble crimen, y su abogado ha avanzado que "han sido solicitadas pruebas testificales". "Por una parte, referidas a una supuesta confesión autoincriminatoria del único imputado en la causa, y también declaraciones de testigos relacionados con una causa sobre tráfico de drogas que es de donde parte la pista fundamental y que lleva a la imputación de esa persona (del hostelero)".
Gerardo Pardo de Vera ha constatado que "todas esas personas que aparecen en la causa sobre drogas no han sido llamadas en su mayoría a declarar". "La actitud es preocupante, porque la Policía dice que da por agotada la investigación. Eso es increíble y la fiscalía parece un convidado de piedra con una actitud manifiestamente pasiva", ha censurado.
Es el juzgado de primera instancia de Lugo, "casi un juzgado civil", el que lleva esta causa que fue declarada compleja una vez que se reabriera el caso por la movilización de las familias hace dos años cuando estaba a punto de prescribir. Tras la reapertura se imputó a ese hostelero que reside en Burgos por lo que se amplió la investigación.
