La sala ha rechazado aplazar el juicio por la operación Rey, como pedían las defensas en bloque porque el juez que preside el tribunal se encuentra de baja. El fiscal no se opuso ante el riesgo de que se celebre y después el Supremo lo anule y tenga que volver a celebrarse. Sin embargo, la sala considera que al tratarse d eun órgano colegiado no hay razón para que se suspenda por este motivo ya que la ley marca que se juzgue por la misma sala y no por los mismos jueces.
También argumenta que las dificultades que hubo para señalar los días de vista oral debido a la gran cantidad de testigos y abogados. Y es que la coincidencia de fechas con otros asuntos señalados previamente que llevan los abogados ya obligó a aplazar anteriormente la fecha fijada.
De esta forma, la vista oral sigue adelante. El caso arrancó el 26 de octubre de 2009, cuando un pequeño ejército de policías al mando de la jueza Estela San José tomaban Castro de Rei, entraban a saco en su casa consistorial y se llevaban detenidos a su entonces alcalde, Juan José Díaz Valiño, a varios concejales y a la secretaria municipal. El registro continuó luego en las instalaciones de la Diputación en Lugo, de donde salió esposada la entonces vicepresidenta y hoy alcaldesa de la ciudad Lara Méndez. Había reventado la operación Rey.
Este martes ha comenzado el juicio oral en la Audiencia Provincial, que está previsto que se prolongue durante tres días. En el banquillo se sientan solo ocho de los más de cincuenta imputados que llegó a haber en esta macrooperación, centrada en la adjudicación irregular de obras y contratos de trabajo temporal pagados con dinero de la Diputación y de fondos nacionales y europeos.
En su momento álgido, la causa llegó a afectar a decenas de concellos de toda la provincia y a más de un centenar de empresarios, concejales y técnicos. Posteriormente, el caso fue desgajándose en piezas separadas, la mayor parte de las cuales fueron archivadas por los respectivos juzgados, hasta quedarse reducida la principal a la que se juzga esta semana: doce obras y contratos adjudicados en Castro de Rei.
Como símbolo de lo que fue su instrucción quedará el caso de Lara Méndez: dos años después de su detención, la jueza instructora decidió que no tenía relación con la trama principal y envió su caso a reparto; tres años más tarde, la acusación quedó definitivamente archivada al no haberse encontrado indicios de delito.
La imagen del próximo martes, con los ocho acusados en el banquillo para enfrentarse al juicio oral, tampoco será nueva. Ya se vio en octubre de 2014, la primera vez que se celebró. En aquella ocasión el resultado fue la absolución de todos los acusados al declararse nula toda la instrucción.
Las adjudicaciones de obras que están bajo sospecha suman más de 1,2 millones. La principal de ellas fue de 795.000 euros
CUESTIÓN DE NULIDAD. La Audiencia tomó esa decisión al considerar que la magistrada había vulnerado el derecho constitucional al juez predeterminado por la ley, pero posteriormente el Tribunal Supremo anuló esa sentencia y ordenó reiniciar la vista oral. Reconocía que sí existió esa vulneración –por la que incluso pidió que abriera una investigación a Estela San José–, pero consideró que no tenía la relevancia suficiente como para anular toda la instrucción.
Los recursos ante el Tribunal Constitucional retrasaron un poco su inicio pero, sobre todo, dejaron la puerta abierta: y pase lo que pase en esta ocasión el destino del caso parece ser el mismo, el recurso ante el Supremo y, posteriormente ante el Constitucional. Salvo que sea absolutoria, no habrá una sentencia en firme hasta dentro de un par de años.
Hasta aquí, el pasado y el futuro probable, pero los hechos que se van a juzgar durante tres días de esta semana quedan bien acotados en el resumen inicial que realiza el fiscal Roberto Brezmes, ahora en la jefatura de la Fiscalía, en el comienzo de su escrito de acusación: "Los acusados –los políticos– se concertaron para aprovechar la mayoría de que disponían en el Ayuntamiento de Castro de Rei para repartir entre ellos las decisiones de contratación de obras y servicios públicos para adjudicárselas a empresas en las que alguno de ellos mostraba interés por cualquier motivo".
El modus operandi descrito por el fiscal era "acumular varias obras con la finalidad de que el presupuesto pasara de 50.000 euros –cantidad a partir de la cual se hacía cargo del proyecto la Diputación–, pero no excediera de 200.000, límite desde el cual se debería usar el procedimiento de concurso público y no el procedimiento negociado. Este les permitía adjudicar la obra libremente... la mayor parte de las veces, los acusados, antes de iniciar el expediente, decidían la persona o empresa a la que iban a adjudicar el proyecto y, una vez decidido, simulaban seguir el procedimiento, aparentando cursar ofertas a tres empresas que pudieran tener interés, cuando en realidad la empresa que sería futura adjudicataria era la que elegía a las otras dos que enviaban las ofertas restantes".
Las adjudicaciones que están bajo sospecha suman más de 1,2 millones de euros, aunque el mayor de esos contratos, de 795.000 euros, no corresponde al Concello de Castro de Rei, sino a la Diputación.
FALSEDAD. A la cuestión central de las obras se añaden otros delitos relacionados con las certificaciones de obras. El primero de los casos gira en torno a un ascensor instalado en la casa consistorial. Según parece, se certificó el final de obra sin que esta hubiera acabado con el fin de no perder una subvención que obligaba a terminarla en un plazo determinado. Habría, en este caso, una falsedad documental, el delito que lleva aparejada mayor pena de todos los que se juzgan.
Además, durante la instrucción se unió a la causa la situación de ya conocido como edificio Marbella. Un particular, que también ejerce la acusación en este juicio, denunció todo el expediente relacionado con este inmueble, que fue levantado y certificado con una planta más de la que figuraba en la licencia.
