De Lara no ve legitimado al CGPJ para sancionarla porque está "politizado"

El recurso presentado por la jueza Pilar de Lara ante el Tribunal Supremo para solicitar que suspenda de manera cautelar la sanción que le ha impuesto el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) incluye un alegato inusual: cuestiona que este órgano esté legitimado para imponerle un castigo porque su independencia e imparcialidad está en duda por su politización. Una politización que, según argumenta en su escrito, podría estar detrás del intento de separar a la magistrada de la investigación de determinados casos que afectan a políticos y personas influyentes.

El Tribunal Supremo rechazó este viernes suspender de manera cautelar la sanción de siete meses y un día de empleo y sueldo que impuso el CGPJ a Pilar de Lara por una falta muy grave. Este castigo lleva aparejada pérdida de destino, por lo que la jueza deberá dejar de inmediato el juzgado de instrucción 1 de Lugo. Desde allí ha dirigido operaciones tan sonadas como la Carioca, Pokemon, Pulpo o Cóndor, con centenares de imputados por toda España y sumarios compuestos por cientos de miles de folios.

Pero también con instrucciones prolongadas durante años y años, con retrasos acumulados, escritos sin contestar durante años, olvidos selectivos de asuntos, un desorden generalizado que hacía ingobernables los sumarios y actuaciones que supusieron vulneraciones de derechos fundamentales de los investigados, según detalló el CGPJ en el informe que determinó su sanción.

En el recurso interpuesto por su abogado, Agustín Azparren, ante el Tribunal Supremo, se exponen varios argumentos a favor de la suspensión cautelar del castigo, entre ellos el daño irreparable que le causaría verse obligada a dejar sus juzgado, tanto en lo profesional como en lo personal.

Desde un principio la finalidad apunta al propósito de apartar a la magistrada del juzgado

No obstante, el cuerpo principal del recurso se centra en cargar contra las supuestas irregularidades cometidas por el órgano de gobierno de los jueces durante todo el proceso disciplinario al que la sometió. Primero considera que hubo una «desviación de poder» de la comisión disciplinaria del CGPJ porque "desde un principio la finalidad apunta al propósito de apartar a la magistrada del juzgado", para lo que los propios inspectores «seleccionan a determinados abogados» de imputados por corrupción «para invitarlos a presentar quejas contra ellas».

Pero, avanzando aún más en ese sentido, el recurso llega a plantear que «es discutible que exista interés público por el cumplimiento de las sanciones que impone el CGPJ, cuando es un órgano cuestionado no solo internamente, por los jueces y por la ciudadanía, más aún a raíz del famoso whatsapp del senador Cosidó.., sino que también es cuestionado a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco)».

El letrado alude al hecho de que los vocales del CGPJ no sean nombrados en su totalidad por los jueces, sino por el Parlamento

En otra parte del escrito, el letrado alude al hecho de que los vocales del CGPJ no sean nombrados en su totalidad por los jueces, sino por el Parlamento, y haciendo referencia a un informe del Greco, señala: «Se ha perdido la oportunidad de subsanar lo que ha demostrado ser, en los ojos de los ciudadanos, el talón de Aquiles de la judicatura española: su supuesta politización».

Por todo ello, concluye, «es muy discutible que deba prevalecer la ejecución de un acuerdo que está siendo objeto de revisión por el Supremo, que supone el cese inmediato de una magistrada que se encuentra investigando complejos casos de corrupción». «Existen dudas muy fundadas», dice, «sobre la legitimación del órgano que dicta la sanción y sobre la independencia e imparcialidad de dicha institución».