Pilar de Lara recurre la sanción del CGPJ y alega que buscan "apartarla" de su juzgado

El abogado de la magistrada critica que "es un pena muy desproporcionada para los precedentes que hay" 

Pilar de Lara. ELISEO TRIGO
photo_camera Pilar de Lara. ELISEO TRIGO

La jueza de instrucción del número uno de Lugo, Pilar de Lara, ha agotado el plazo para recurrir la sanción impuesta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que implica pérdida de destino, y su abogado, Agustín Azparren, ha cursado este lunes el recurso, en el que alega que la decisión busca únicamente "apartarla" de este juzgado, donde instruye causas como la Pokemon o la Carioca. 

En concreto, Azparren incluye en este recurso argumentos como que, con la sanción, el CGPJ "ha actuado con una finalidad, la de apartar a la jueza del juzgado". Así, se ampara en "el hecho de que da la impresión de que la inspección siempre había valorado correctamente la actuación de la jueza". "Un expediente de seguimiento que se hizo al juzgado estuvo inactivo durante más de dos años. Además se inadmitió toda la prueba testifical que habíamos propuesto, que lo que trataba es de probar el alto rendimiento y la dedicación de la magistrada", explica. 

Parece que no gusta su forma de instruir y la única solución que ven, entre comillas, desde el punto de vista disciplinario, es imponerle una sanción

Azparren niega la "falta de desatención" de la que acusa el CGPJ a la magistrada, al tiempo que ha censurado que "la pena es desproporcionada", porque, aunque "el fiscal pidió tres meses" y "ella no tiene antecedentes disciplinarios", le impusieron más siete meses.  "Nunca fue expedientada hasta este momento, a pesar de todos los años que lleva en el juzgado (desde 2007), con tantas causas, que lo normal es que recibiera muchas quejas o hubiera tenido algún problema, y, sin embargo, desde el 2007 nunca tuvo un expediente disciplinario", ha expuesto.

NUNCA PÉRDIDA DE DESTINO. En esta línea, el abogado de Pilar de Lara ha denunciado que cuando se abren expedientes "se suele imponer la sanción mínima, que suele ser de un mes, como mucho de tres meses, que es lo que pide el fiscal, pero nunca de siete meses y un día, que además supone pérdida de destino".  Sobre si hay condicionantes políticos para este traslado, Azparren remarca que "parece que es un pena muy desproporcionada para los precedentes que hay".

"Aquí parece que lo que hay es que no nos gusta su forma de instruir y la única solución que ven, entre comillas, desde el punto de vista disciplinario, es imponerle una sanción que lleva implícita pérdida de destino", ha concluido. 

Comentarios