Jesús Otero, que acababa de dimitir como subdelegado del Gobierno en Lugo tras ser acusado por la retirada de multas de tráfico, se vio señalado como uno de los implicados de una red de proxenetas después de que Pilar de Lara decidiera su imputación en la operación Carioca. Poco después el imputado era Maximino Losada, entonces comisario jefe de la Policía Nacional. Ambos, según la jueza, estaban relacionados con ilegalidades en la tramitación de expedientes de extranjería relacionados con prostitutas que trabajaban en los burdeles de Lugo.
La carrera política de Otero declinó desde entonces y no se recuperó. Losada tuvo que pasar a situación de jubilación con la mancha de su imputación. Ahora, casi diez años después, Pilar de Lara ha emitido un auto en el que decreta el sobreseimiento libre de ambos, afirma que no se encontraron pruebas en su contra e, incluso, que su actuación estaba amparada por la legalidad. Si algún reproche se les puede hacer, es que ambos fueron utilizados por sus subordinados a la hora de firmar los expedientes que de manera rutinaria les pasaban.
De hecho, es contra estos subordinados contra los que pide que se abra juicio oral, en el auto en el que da por finalizada la pieza del caso Carioca que gira en torno a la Policía Nacional y a los servicios de Extranjería. En un escrito de 228 folios, la magistrada concluye que hay indicios para actuar contra nueve policías nacionales, un funcionario y abogado de la Brigada de Extranjería, el que era responsable de Inmigración en la Subdelegación del Gobierno y solo dos de las decenas de mujeres cuya situación fue regularizada de manera supuestamente irregular. Además, retira también las acusaciones contra otro policía, M.G.C., mientras que la figura central de todo el asunto, el agente de Extranjería que De Lara sitúa en el epicentro de todas las ilegalidades, falleció hace un año.
De las decenas de mujeres beneficiadas por los agentes corruptos de Extranjería, la jueza solo imputa a dos de ellas
Tampoco las acusaciones contra todos los policías nacionales son las mismas. Mientras que para casi todos reserva entre tres y cinco posibles delitos, contra otro solo mantiene una acusación porque, en su opinión, dejó de investigar el robo de un colgante que denunció un cliente de un prostíbulo, pese que luego dedica un buen número de folios a repasar los múltiples pasos que se dieron en esa investigación que supuestamente no existió. Concluye, incluso, que dicho policía no tenía absolutamente nada que ver con el resto de sus compañeros investigados ni cometió abuso ninguno aprovechando su condición.
DELITOS HABITUALES. El bloque de delitos que reparte entre los investigados es el habitual en esta investigación que gira en torno a las relaciones de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con propietarios de burdeles en Lugo: tráfico de personas con fines de explotación sexual, favorecimiento de la prostitución, amenazas, falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias, omisión del deber de perseguir delitos y cohecho. No obstante, será la Fiscalía la que decida finalmente quién se sienta en el banquillo de los acusados y por qué delitos.
Esta era una de las piezas principales que siguen activas desde que el diciembre de 2008 se inició el caso Carioca. El asunto, dado su volumen (más de 250 tomos) y complejidad, se parceló luego en medio centenar de piezas. La mayor parte fueron archivadas. Otras, las de menor entidad, se llevaron a juicio, pero ninguna de las principales ha llegado todavía a la fase de vista oral. Habrá que esperar meses e incluso años.
