La titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara, ha reactivado las diligencias dentro de la operación Pokemon con nuevas declaraciones en el marco de la pieza que investiga la existencia de supuestos sobornos a políticos en el proceso de contratación del servicio de grúa municipal de la capital lucense a la empresa Cechalva.
Fuentes jurídicas han informado a Efe de que han sido citados para prestar declaración este jueves, a partir de las 17:30 horas, el que fuera concejal de Obras del Ayuntamiento de Lugo José Piñeiro y el que fue responsable municipal de Economía y Urbanismo –también expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil–, Francisco Fernández Liñares.
Junto a ellos, han sido citados también para comparecer ante la jueza varios funcionarios municipales y un empresario lucense, propietario de una empresa de construcción centrada en el ámbito de las obras públicas y socio de Cechalva.
Los citados han sido llamados en calidad de investigados por delitos de tráfico de influencias, revelación de información privilegiada, fraude en la contratación, alteración en el precio de concursos públicos y cohecho.
CITACIÓN. Las citaciones a estos investigados surgen a raíz de un informe de Vigilancia Aduanera que recoge escuchas sobre la adjudicación a la empresa Sanle de contratos por parte del Concello de Lugo cuando Liñares era concejal de Urbanismo.
En concreto, la jueza investiga en estas diligencias "presuntas ilicitudes cometidas en el Concello de Lugo en relación a adjudicaciones a la empresa Sanle, a fin de aclarar extremos de tal informe (de Vigilancia Aduanera)".
DELITOS. El informe, con fecha de 30 de noviembre de 2017, han apuntado fuentes jurídicas, alude a contratos del Concello de Lugo con Sanle sobre iluminación, de mejora de vestuarios de un campo de fútbol y otras actuaciones.
