Más de diez años después de que, en diciembre de 2008, iniciara la instrucción del caso Carioca, Pilar de Lara ha dado por finalizada la investigación sobre la pieza original y principal, la que investiga las relaciones del cabo de la Guardia Civil Armando Lorenzo con varios burdeles de Lugo. En el auto de transformación en sumario que fue comunicado este lunes, la magistrada propone procesar finalmente a cinco personas, aunque el grueso de las acusaciones recae sobre el cabo: le endosa hasta 78 delitos, los principales por agresión y abuso sexual.
Junto al guardia, De Lara considera que se debería acusar en esta pieza (se crearon en torno a 50 y una treintena ya están archivadas) al que era su jefe directo cuando sucedieron los hechos, Julio Baquero, y a tres proxenetas: José Manuel García Adán, José Marcos Grandío Ascariz y Jesús González Varela. Sin embargo, exonera a otras diez personas que figuraban como investigadas, para las que sobresee las acusaciones.
No obstante, tendrá que ser ahora la Fiscalía la que determine exactamente por qué delitos va a acusar y qué penas se han de solicitar.
En un escrito de 220 folios, la jueza aprovecha para repasar los grandes números de esta macrocausa (310 tomos, 89 imputados, 377 testigos) y su principio: las sospechas que recaían sobre Armando Lorenzo, cabo del equipo de Personas de la Guardia Civil de Lugo, por sus relaciones con el mundo de los prostíbulos que estaba encargado de controlar y la mujeres que en ellos trabajaban.
De Lara describe las condiciones de explotación que sufrían las mujeres en los burdeles en los que se intervino y el papel que supuestamente cumplía el cabo para ayudar a mantener las condiciones de "sometimiento, miedo e intimidación" que habían impuesto los propietarios. Estos, redacta la magistrada, pagaban al agente en efectivo y con copas y sexo gratis a cambio de su protección, sus chivatazos y su ayuda para arreglar los papeles de las mujeres a las que prostituían, en su práctica totalidad extranjeras.
Además, el principal sospechoso las presionaba de diversos modos y las engañaba con falsas promesas de legalizar su estancia en el país, siempre según el auto judicial.
Por todo ello, Pilar de Lara cree que en estos diez años de instrucción existen pruebas y testimonios como para acusar al guardia civil de un delito de agresión sexual y 21 de cohecho o abuso de autoridad, nueve de ellos en concurso con delitos de abuso sexual y otro, con acoso. Además, aprecia otros 8 delitos de cohecho y 6 de extorsión y una larga lista que incluye colaboración con la prostitución, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, revelación de secretos, falsedad documental y obstrucción a la Justicia, hasta completar los 78 señalados. Y eso que, lamenta en el auto, se ve obligada a sobreseer por falta pruebas otros 30 de los que también le consideraba responsable.
Al su jefe en la unidad le achaca tres acusaciones relacionadas con la omisión del deber de perseguir delitos, ya que cree que conocía las maniobras de su subalterno y no las impidió.
Los tres proxenetas, sin embargo, salvan con un delito continuado de cohecho y otro de aprovechamiento de información privilegiada.
SIN CONCESIONES. La magistrada redacta los 220 folios de su escrito sin concesión alguna a los investigados, y no duda en recoger con detalle incluso las circunstancias de aquellos delitos que ya han sido archivados durante la investigación, bien por prescripción de los mismos o bien por solicitud de la Fiscalía, ante la que no duda en mostrar su desacuerdo.
