La jueza Pilar de Lara ha dado por concluida, después de seis años y medio, la instrucción de una de las piezas en las que se dividió la operación Pokemon. Se trata de la que gira en torno a la actividad de Francisco Fernández Liñares como presidente de la Confederación Hidrográfica Miño Sil (CHMS), y en su auto la magistrada concluye que este se quedaba con entre el 15 y el 20 por ciento de todas las obras que adjudicaba.
En total, De Lara considera que hay pruebas suficientes como para llevar a juicio a 16 personas, incluido el propio Liñares. El resto son empresarios que habrían pagado a Liñares para la obtención de los contratos o que ayudaron a conseguirlos, además de dos empleados de la CHMS. Por el contrario, no ve motivos para seguir con las acusaciones contra otras siete personas, por lo que dicta sobreseimiento libre para ellas.
La jueza cree que a Liñares no le gustaba cobrar toda la comisión junta, sino que la dividía por mensualidades según la duración de la obra
Ahora ha dado traslado de este auto a la Fiscalía y a las partes implicadas para que se pronuncien. No hay que olvidar que, en última instancia, será el escrito de acusación del ministerio público el que determine quiénes irán a juicio y de qué delitos se les acusará.
La jueza considera que en el caso del expresidente de la CHMS hay indicios de delitos de fraudes y exacciones ilegales, falsedad documental, tráfico de influencias, intervención fraudulenta en contrataciones públicas, manipulación para alterar el precio de concursos públicos, revelación del deber de guardar secreto, negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación y cohecho.
MUCHAS PRUEBAS. Con base en el análisis de las intervenciones telefónicas, los seguimientos policiales, el estudio de toda la documentación incautada y las confesiones del propio Liñares, Pilar de Lara realiza en los 116 folios de su auto un completo dibujo de la manera en que el expresidente conseguía sacar tajada de cada uno de los trabajos que se adjudicaban. Son más de treinta adjudicaciones que, según la magistrada, estaban pactadas y decididas de antemano, y en las que Liñares y los empresarios cómplices se limitaban a dar una falsa apariencia de legalidad. Y sin poner mucho interés en ello, a juzgar por el relato que aportan los investigadores tras estudiar cada uno de los procedimientos burocráticos, muchos de los cuales son amañados de una manera tan chapucera que solo puede se puede explicar por la sensación de impunidad con la que funcionaban.
El modus operandi era siempre el mismo: la obra se adjudicaba mediante procedimiento negociado, que implica que la CHMS invitaba a tres empresas a presentar sus presupuestos; como ya estaba decidido de antemano cuál se la llevaría, los propios empresarios adjudicatarios se encargaban de buscar otras dos empresas de confianza para que presentarán presupuestos menos ventajosos que el suyo, por lo que siempre salía ganadora la firma elegida y con total apariencia de legalidad.
Pero es que el papel de Liñares, según la jueza, no se limitaba únicamente a dirigir el reparto, sino que en muchas ocasiones se encargaba él mismo de rehacer el proyecto para incrementar el precio de la adjudicación incluyendo la comisión que él iba a cobrar, que «según los investigadores», dice el auto judicial, «podría oscilar entre el 15 y el 20 por ciento del presupuesto licitado, ya acordado previamente entre ambas partes, al ser este presupuesto modificado, redactado y aumentado o inflado en muchas ocasiones por el propio señor Liñares». Así, los empresarios «le pagaban la comisión mediante el exceso de lo que costaba la obra».
Otra peculiaridad es que al expresidente de CHMS parecía que no le gustaba cobrar de una vez, sino que en muchas ocasiones establecía un plan de pago mensual dividiendo el total entre los meses que iban a durar los trabajos.
SOBRESEIMIENTO LIBRE. Pero en el escrito de Pilar de Lara también destaca, por infrecuente, la
decisión de retirar todas las acusaciones contra siete de las personas que declararon como investigadas. Entre ellas destacan dos, aunque tampoco es que se vayan a ir de la Pokemon sin más.
Por un lado, entiende que la esposa de Francisco Fernández Liñares, pese a que pudiera conocer las maniobras de su marido y haberse aprovechado del dinero que recaudó de manera ilegal, no tiene ninguna participación en estos hechos, y además ya figura como posible autora de un delito de blanqueo de capitales en la pieza principal, la que investiga las concesiones en el Concello de Lugo. En esa pieza también es uno de los principales imputados Javier Reguera, el funcionario encargado de la empresa de la Ora, que sin embargo ha quedado libre de sospecha en esta de la CHMS.
