La jueza Pilar de Lara comunicó este miércoles a las partes el auto de transformación en procedimiento abreviado del caso Garañón, dando por finalizada en lo que a ella respecta la instrucción de un asunto que se inició hace diez años.
Lo hizo justo el día antes de que el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decida si confirma la sanción de siete meses de suspensión que se le impuso por una falta grave por reiterados e injustificados retrasos en la instrucción de los sumarios que lleva, este entre ellos.
Tras dar por concluida su investigación sobre la urbanización de las cuestas del Parque, a la que se acumularon otras sobre otros edificios próximos y sobre la compraventa del sanatorio García Portela, la magistrada considera que ha reunido indicios para que se abra juicio contra once personas.
Al frente de este "plan organizado por empresarios, políticos y funcionarios para tratar de beneficiar a determinados constructores y promotores, en detrimento de la ciudadanía", De Lara señala a José Ramón Gómez Besteiro, entonces edil de urbanismo de Lugo y, más tarde, presidente de la Diputación y secretario general del PSdeG. A él le otorga el papel de "fraguar e idear" las negociaciones, cambios de criterio y convenios urbanísticos que están bajo investigación.
La jueza cree que Besteiro se habría beneficiado por dos vías: comprando a bajo precio su vivienda familiar y a través de las obras de reforma de la misma. Por ello, lo considera autor de delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y tráfico de influencias y falsedad documental, así como tres delitos de cohecho, otro de blanqueo de capitales y uno más de abuso de la función pública.
El expresidente de la Diputación siempre alegó que está acreditado que pagó su piso y las obras y que toda la investigación se basa en una "siembra de dudas". Sostiene que él no firmó el convenio.
Besteiro y Orozco pidieron hace un año el archivo de la causa, ya que sostienen que no hay nada contra ellos salvo "siembra de dudas"
En un pormenorizado relato de 213 páginas, la magistrada mantiene que José López Orozco, entonces alcalde, no solo actuó en apoyo de Besteiro y firmó con conocimiento acuerdos que perjudicaban a Lugo, sino que tuvo intervenciones en favor del constructor de O Garañón al evitar promover expedientes de sanción contra él.
No obstante, reconoce que, después de investigar la compra de dos plazas de garaje por parte de Orozco, no hay pruebas de que cometiera cohecho, pero mantiene que mostró "conducta prevaricadora". Propone, por ello, que sea juzgado por "uno o varios delitos contra la ordenación del territorio o uno o varios delitos de prevaricación y tráfico de influencias y falsedad documental". Orozco pidió, al igual que Besteiro, el archivo de la causa alegando que no hay un solo indicio contra él.
LOS OTROS IMPLICADOS. A Ricardo Iglesias, el promotor de O Garañón, y José Antonio Díaz, que vendió los terrenos y construyó y negoció con la parcela del sanatorio García Portela, la jueza les atribuye los mismos delitos que a Orozco, al igual que al abogado de Iglesias (J.C.S.) y a los entonces jefes de los servicios municipales de Arquitectura (S.P.C.), Urbanismo (J.M.G.R.) y Licencias (C.H.H.).
Se abre un periodo para que las partes pueda recurrir y al final será la Fiscalía la que decida a quién sienta en el banquillo
Por la compraventa del García Portela para la instalación de la sede del Instituto Nacional de Estadística señala a dos altas funcionarias de este organismo, la secretaria general (N.D.C.) y la responsable de gestión Patrimonial (P.R.V.). También incluye al constructor lucense Manuel Vázquez Corredoira, al que endosa un delito de cohecho y otro de falsedad en documento mercantil por la obra en la casa de Besteiro.
Este auto no supone el fin del procedimiento ni implica que todos los señalados vayan a ir a juicio. Ahora se abre un periodo para que las partes pueda recurrir a la Audiencia Provincial, y al final será la Fiscalía la que decida a quién sienta en el banquillo, por qué delitos y qué penas se piden.
Cualquiera de las dos acusaciones particulares personadas puede pedir que se abra juicio contra cualquiera de los investigados y pedir condenas independientemente de lo que diga la Fiscalía.
