El gobierno local estará maniatado meses por los problemas heredados

Ora, fábrica de la luz, grúa o biblioteca de A Piringalla lastran al equipo de gobierno. La alcaldesa sabe que pasarán muchos meses antes de poder lanzar una gestión de gobierno propia
La fábrica de la luz ha sido un pozo sin fondo en el gasto
photo_camera La fábrica de la luz ha sido un pozo sin fondo en el gasto

Francisco Fernández Liñares esquivó por poco la botella de agua que le acababa de lanzar su entonces compañera y concejala de empleo Eva Real. Era 2005 y él, todopoderoso concejal de economía, teniente de alcalde y hombre fuerte del gobierno de un José López Orozco aupado a una holgada mayoría absoluta. Liñares acababa de unir su voto al del PP para bloquear un proyecto que Eva Real había presentado para la fábrica de la luz, y esta le mando su cabreo directo a la cabeza, aunque con más intención que puntería.

Liñares justificó entonces su veto a los planes de su compañera para obtener rentabilidad de la fábrica en un informe técnico sin firmar y en que era su deber «mirar por el dinero de los lucenses». Al menos este interés era cierto, según se recoge en el sumario de la operación Pokemon, aunque solo fuera con miras a aprovecharlo él. Menos de tres años después, en abril de 2008, el gobierno local en el que todavía tenía mando adjudicó el aprovechamiento de la fábrica de la luz a una empresa de la que era representante su socio en Artenosa, Miguel García Gesto, ahora también imputado en la Pokemon. Siete años después, no se ha invertido ni un euro.

Esta es solo una de las herencias envenenadas que ha recibido el nuevo gobierno. Además, Lara Méndez se va a ver obligada a gestionarlas con dos problemas añadidos: el primero, la inestabilidad de un gobierno que depende del apoyo de dos grupos políticos que prefieren seguir en la oposición; y, el segundo, que son herencia de los gobiernos socialistas de Orozco, algunos de cuyos integrantes se mantienen en el Concello, por lo que ni siquiera tiene a quién echarle la culpa públicamente.

Entre esos asuntos enquistados, además del de la fábrica de la luz, se encuentran temas tan relevantes como las concesiones de la Ora y la grúa, también pendientes de las investigaciones judiciales. O tan inexplicables como la biblioteca de A Piringalla. O tan determinantes para el futuro como la gestión del ciclo del agua.

El nuevo gobierno de la ciudad parece ser consciente del desafío que supone, y sus decisiones más relevantes hasta el momento han estado más centradas en resolver problemas heredados que en presentar nuevos proyectos. De hecho, fuentes próximas al poder local reconocen que al equipo de Lara Méndez le será muy difícil desarrollar una línea de acción propia e ilusionante para el ciudadano mientras no cierre los frentes que le dejaron abiertos, dada la relevancia de estos. Y este proceso les llevará muchos meses, aunque sea simplemente por una cuestión de plazos y procedimientos.

Ante tal desafío, no obstante, la alcaldesa también parece tener muy clara la estrategia: el respeto escrupuloso al criterio de los técnicos. La ventaja, además, sería doble, ya que evita cualquier suspicacia en adjudicaciones que han sido puestas en entredicho y le proporciona un argumento difícilmente contestable a la hora de justificar su decisión ante los grupos de oposición, con los que tendrá que negociar.

El problema, sin embargo, se lo está encontrando en los propios técnicos. Según explicaron fuentes del Concello, este es uno de los efectos más perniciosos que derivan de la anterior etapa, cuando las investigaciones judiciales pusieron bajo sospecha a un buen número de funcionarios que habían tomado parte de un modo u otro en algunos expedientes. Ese miedo cerval a verse en el juzgado por cualquier motivo está retrasando algunos informes y decisiones, pero el equipo de gobierno confía en que cada funcionario asuma al final su responsabilidad en el trabajo.

Un contrato muy ventajoso
El criterio técnico y la obligación legal ha sido, por ejemplo, el argumento esgrimido esta misma semana para tratar de desatascar el problema de la fábrica de la luz, con la concesión a la empresa adjudicataria, Inca, de la certificación del Concello que necesitaba para obtener el crédito para financiar unas obras que llevan siete años esperando.

Nadie que ahora mire esas instalaciones en la orilla del Miño diría que los lucenses ya se han gastado unos dos millones de euros en ellas para llegar a ese estado. Fueron inversiones de los sucesivos gobiernos, populares y socialistas, que siempre iban a ser las definitivas para lograr la rentabilidad de esta fábrica de la luz. Pero de poco sirvieron, hasta que en 2008 se adjudicaron a la asturiana Inca, cuyo representante en Lugo era Miguel García Gesto. La jueza Pilar de Lara sospechó que ya había pactado el contrato con Liñares al menos un año antes de la adjudicación.

Las condiciones del contrato, desde luego, eran difícilmente mejorables: a cambio de una incierta inversión de 1,7 millones en obras para poner en marcha la central eléctrica, para las que no había plazos ni urgencias, la empresa obtenía la concesión por 38 años, que no comenzarán a contar hasta que dichas obras estén acabadas. Y si además no lograba los permisos que necesitaba, podía renunciar a la adjudicación en cualquier momento y sin penalización alguna.

El gobierno de Lara Méndez ha dado esta semana uno de esos permisos, alegando que estaba legalmente obligado. El equipo de Orozco siempre defendió, pese a las sospechas judiciales, que el expediente de concesión era totalmente legítimo, si bien ignoró el acuerdo plenario de marzo de 2014 en el que PP y BNG le instaban a estudiar la posibilidad de anular la adjudicación. El Concello asegura ahora que las obras pendientes se realizarán en seis meses y que debería estar en funcionamiento el próximo año, ocho después de la firma del contrato y tras una inversión municipal de dos millones de euros.

La Ora, cuestión de meses
Una adjudicación mucho más relevante es la de la gestión de la zona azul, tanto por su cuantía económica como por su influencia en la vida diaria de la ciudad. Con la concesión a Doal invalidada judicialmente desde hace años y los principales responsables de la empresa detenidos en la operación Pokemon, era una banderilla clavada en la espalda de la ciudad.

Orozco no terminó de resolver la readjudicación del contrato de la concesión, que paralelamente estaba siendo objeto de investigación judicial, pero Lara Méndez utilizó este asunto para lanzar su primer golpe de efecto: anuló el cobro en la zona Ora mientras no se realice una nueva adjudicación.

Y, una vez más, se puso en manos de los técnicos: se hará en el tiempo y en los términos que ellos determinen en un concurso sin intervención política. En principio, el plazo que se dio era de unos ocho meses, pero parece que en este caso el trabajo va más rápido de los previsto y que no hará falta agotar esos ocho meses para que Lugo vuelva a contar con una regulación para el aparcamiento en superficie, según las estimaciones que hacen en el Ayuntamiento.

La grúa, otro saco sin fondo
Directamente ligada a la Ora está la adjudicación del servicio de grúa. No porque sean dependientes, sino porque la investigación del caso Pokemon ha destapado los intereses comunes de ambas adjudicatarias, Doal y Cechalva, y los nexos entre los socios de ambas sociedades.

En el caso de la grúa, además, no solo se arrastran caducidades y sospechas consistentes, sino que ha sido una auténtica ruina para el Concello en todos estos años, en los que se veía sistemáticamente obligado a compensar el supuesto déficit que generaba el servicio, siempre en base a las peculiares cuentas que presentaba Cechalva.

Todo apunta a que el equipo de Lara Méndez no podrá dejar pasar mucho tiempo para darle una solución definitiva a este problema, que también ha de llegar con otro proceso de selección de adjudicatarias libre de cualquier sospecha.

La biblioteca imposible
Puede que no sea ni de lejos tan importante económicamente para las arcas municipales como los asuntos antes citados, pero es sin embargo un ejemplo revelador de cómo se han gestionado algunos temas en los últimos años: la ya casi mitológica biblioteca de A Piriganlla.

Contratada en 2010 con un presupuesto de un millón de euros, lleva paralizada desde 2012, convertida en un esqueleto metálico del que ni siquiera se sabe si será capaz de soportar su propio peso. El desacuerdo entre el Concello y la adjudicataria -Antalsis, una empresa que resultó muy beneficiada de los contratos de las administraciones socialistas y que descargó responsabilidades en firmas subcontratadas- debía resolverse mediante un informe del Consello Consultivo, pero el gobierno de Orozco dejó caducar el plazo de tres meses que tenía para solicitarlo y ahora habrá que empezar todo el procedimiento de nuevo y desde el principio.

Esa es la única decisión posible que le ha quedado a Lara Méndez, que no se saldrá de su estrategia de ceñirse a lo que digan los informes técnicos: primero, el del Consello Consultivo, y luego, los que tendrán que determinar si la estructura levantada puede aprovecharse. No se puede olvidar que la biblioteca no se paralizó por cualquier cosa, sino porque la empresa subcontratada por Antalsis ignoró las órdenes para levantar el esqueleto metálico y lo hizo atornillando en lugar de soldando. Si al final no sirviera, los 200.000 euros hasta ahora invertidos serían convertidos en escombro.

El dinero da un respiro
Sin embargo, la del dinero es una ventaja que también juega a favor del equipo de Lara Méndez a la hora de dar soluciones a estos asuntos heredados. Y es que esta obra de la biblioteca de A Piringalla es la única de las tareas pendientes citadas que precisaría de un desembolso notable por parte del Concello. En el resto de los casos, se trata más de aguantar los largos procesos burocráticos que se necesitan y de realizar una constante labor de empuje para agilizarlos que del gasto que suponen.

Más bien al contrario, porque si finalmente se completan, deberían suponer un beneficio económico para la ciudad. Beneficio que permitiría a Lara Méndez comprar ese tiempo que precisa para demostrar que es mucho más que una heredera de circunstancias.

Problemas añadidos Ha de gestionar su herencia con un gobierno en minoría y con el miedo de los funcionarios a la acción judicial Ventajas Las soluciones puramente técnicas evitarían suspicacias, ayudarían en la negociación política y no suponen mucho dinero

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