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De Lara se libra de una pieza del caso Pokemon con su envío a 20 juzgados

Pilar de Lara. VICTORIA RODRÍGUEZ
Pilar de Lara. VICTORIA RODRÍGUEZ
Se trata de la causa sobre supuestas irregularidades en las adjudicaciones a Aquagest

La jueza Pilar de Lara acaba de realizar un nuevo intento de deshacerse de una de las piezas más abultadas de la operación Pokemon, la que se refiere a las actividades supuestamente irregulares de la principal concesionaria de servicios de abastecimiento de agua de toda España, Aquagest. La solución, toda vez que la Audiencia Nacional se negó a asumirla con el apoyo del Tribunal Supremo, ha sido dividirla en múltiples piezas y anunciar el envío de cada una de ellas a los juzgados de instrucción de los lugares en los que se habrían cometido las presuntas ilegalidades: en total, son veinte repartidos por toda la geografía española, desde las cuatro provincias gallegas hasta Cartagena, pasando por Oviedo, Lorca, Murcia, Alicante, Elda o Benidorm.

En un extenso auto, la magistrada asume algunas de las peticiones tanto de la Fiscalía como de muchas de las defensas de los múltiples imputados, así como las resoluciones tanto del Supremo como de la Audiencia Provincial, en el sentido de que dividiera las actuaciones al considerar que su juzgado no era el competente para instruir todo como causa conjunta. En el mismo, indica que en la capital lucense se inició la investigación por "la posible connivencia" de un exconcejal y uno de los "conseguidores" de la empresa, "pero no se apreció finalmente conducta delictiva alguna".

Los juzgados de Chantada recibirán una parte y los de Mondoñedo verán la de Ribadeo

De este modo, los únicos flecos judiciales de esta descomunal pieza de investigación que afectaría a Lugo son cuatro expedientes de adjudicación de servicios en Chantada, que será enviado al juzgado chantadino para que decida si sigue el proceso, y 16 contratos en Ribadeo, sobre los que deberá decidir el juzgado de Mondoñedo.

De la misma manera actúa con el resto de investigaciones, que irán a parar a otros once juzgados gallegos y siete del resto de España. En su auto, Pilar de Lara aprovecha para hacer un resumen de todas las investigaciones y vicisitudes procesales que ha vivido esta pieza, desarrollada dentro de la operación Pokemon, sobre las posibles irregularidades de políticos y funcionarios de decenas de instituciones a la hora de adjudicar contratos a diversas empresas, en este caso Aquagest, del poderoso Grupo Agbar.

ABRELATAS. Según ella, los responsables de este entramado, "siguiendo lo que parece constituir una política empresarial absolutamente jerarquizada, para lograr adjudicaciones públicas realizarían supuestamente sobornos en sus distintas modalidades (entregas de dinero, viajes, regalos, contratación de trabajadores...) que tienen como destino satisfacer los trabajos realizados por aquellos funcionarios que bien directa o indirectamente han realizado actos para favorecer a su empresa". Para ello, "y con la finalidad de poder acercarse a los políticos y autoridades con potestad decisoria" Aquagest cuenta con colaboradores a los que denomina "conseguidores" o "abrelatas", reclutados especialmente entre miembros de partidos políticos y con contactos en la administraciones.

Las piezas serán enviadas a 13 juzgados de Galicia y otros siete en Oviedo,Cartagena, Lorca, Murcia, Alicante, Benidorm y Elda

En función de estas sospechas, por el juzgado de Instrucción 1 de Lugo pasaron en calidad de imputados o de testigos decenas de alcaldes, concejales, funcionarios y empresarios de ayuntamientos y entes públicos de media España.

Entre los regalos que la jueza detalla en su auto como "retribución" para políticos y funcionarios se encuentran "costosos viajes, no solo dentro de España, en balnearios y hoteles de lujo, sino también afrontando gastos de desplazamiento y alojamiento en el extranjero (viajes a EE.UU, Croacia o Alemania)".

Según las conclusiones que extrae de lo investigado por ella en los más de siete años que lleva de instrucción, "los directivos de Aquagest han urdido un plan organizado y preconcebido destinado a saltarse las barreras legales en los procesos de contratación pública". Para ello incluso habrían financiado de manera ilícita a PP y PSOE. Ahora serán 20 jueces los que deberán corroborar o no esas conclusiones.

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