De Lara levanta el secreto de sumario de la operación Pulpo

Pilar de Lara. SEBAS SENANDE
photo_camera Pilar de Lara. SEBAS SENANDE

La jueza Pilar de Lara acaba de ordenar el levantamiento del secreto de las actuaciones de la operación Pulpo, en la que se investigan diversas adjudicaciones y contratas de la Diputación. Este auto ha llegado acompañado de otra providencia en la que la magistrada pide que se investigue una cuenta bancaria en la que aparecía primero como titular Ramón Arias Roca, jefe de urbanismo de la Diputación y excandidato del Partido Popular a la alcaldía de Lugo, y después los suegros de José Ramón Gómez Besteiro, expresidente del organismo provincial.

Tras la declaración judicial como testigo de este alto funcionario, que negó cualquier relación con esa cuenta, De Lara ordena "deducir testimonio de actuaciones por si se hubiera cometido un delito de falsedad o usurpación de estado civil". Por ello, incoa diligencias previas y las envía a reparto para que sean asumidas por el juzgado que corresponda.

Arias Roca, que mostró su preocupación por verse envuelto "inexplicablemente" en una situación que calificó como "extraña" y "surrealista", dice que ha presentado una reclamación contra la entidad bancaria porque asegura que "nunca" abrió esa cuenta. Aclara además que «jamás» ha tenido relación con los suegros de Gómez Besteiro.

Explica que en el banco atribuyen a "un error" que él figurase en esa cuenta, que "se abrió con cero euros y que no tuvo movimientos". Añade que «a los 20 días», según las explicaciones que ha recibido, lo excluyeron como titular "por arte de birli birloque" y que asignaron ese número a los familiares del expresidente de la Diputación.

La jueza, sobre la que pesa una suspensión de funciones de siete meses y un día y la pérdida de su plaza, dicta estas providencias en vísperas de sendos procesos electorales, lo que ya ha sucedido en otras ocasiones.

La instrucción del caso se inició en el año 2013 tras una denuncia por supuesto mobbing de una funcionaria del servicio de protocolo de la Diputación contra su jefe. La investigación derivó entonces hacia varias contratas, en particular la de los autobuses para programas de turismo. La jueza ordenó numerosos registros e imputó a siete personas -ahora investigados-, entre ellos el anterior presidente de la Diputación.

Desde entonces, varias partes permanecían aún bajo secreto. Según De Lara, ahora "procede dejar sin efecto dicha medida, pues en este momento el conocimiento de lo actuado por las partes no va a perjudicar la investigación en curso". La jueza añade que, "en todo caso, el secreto habrá de levantarse con diez días al menos de antelación a la conclusión de la causa", lo que hace pensar que el final de la instrucción estaría cerca.