Pilar de Lara culpa en parte al propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de los retrasos en su juzgado en los últimos meses. Así lo explica en un recurso redactado por otra causa, donde desglosa una serie de motivos por los que no estaría cumpliendo algunos plazos. El órgano fiscalizador de los jueces le acaba de abrir expediente por esos "retrasos injustificados".
En esta respuesta del mes pasado —dentro de la investigación por el caso de un bebé intoxicado por ingerir hachís—, De Lara afirma que se incumplieron los plazos por diversos motivos. Primero, por "la acumulación tras la huelga de funcionarios" y la falta de "medidas de la Xunta" para paliar los efectos que trajo consigo ese parón de varios meses. Segundo, porque no hubo ayudas "de prolongación de jornada laboral solicitadas y reiteradas desde hace más de un año, sin recibir ni siquiera contestación". A eso añade el "disfrute del periodo vacacional de esta juzgadora".
Y tercero, la magistrada dice que tuvo que invertir tiempo "en resolver las cuestiones jurisdiccionales en la elaboración de informes solicitados por el servicio de inspección del CGPJ, lo que llevó a la casi paralización de la actividad procesal y jurisdiccional".
El retraso de la causa de Fernando Blanco es la más difícil de explicar: el caso Campeón ya está juzgado y él sigue imputado
El Consejo dará ahora a De Lara la oportunidad de explicar esos retrasos por los que se le abrió el expediente disciplinario. El Promotor de la Acción Disciplinaria apunta una falta prevista en los artículos 417.9, 418.11 y/o 419.3 de la LOPJ (desatención o retrasos injustificados en la instrucción de causas penales) y de la prevista en el artículo 418.16 de la misma norma (adoptar decisiones que, con manifiesto abuso procesal, generen ficticios incrementos del volumen de trabajo en relación en relación con los sistemas de medición fijados por el CGPJ).
La inspección del Consejo se origina tras una denuncia de la defensa del exconselleiro Fernando Blanco, que no es precisamente de los últimos meses. Si bien hay retrasos en diversas investigaciones, como las operaciones Carioca, Pokemon o Pulpo, las diligencias que implican al expolítico nacionalista son las más singulares. Blanco fue imputado en 2011, dentro del caso Campeón e inmediatamente dimitió. Su causa no fue así al TSXG como aforado, sino que se quedó en el juzgado número 3, que dirigía por entonces Estela San José. Meses después se desgajó de la causa principal y, por reparto, recayó en el juzgado de Pilar de Lara. Mientras De Lara pedía un informe tras otro para indagar en las cuentas de Fernando Blanco, el caso Campeón acababa su instrucción, era juzgado y sus principales implicados, condenados. El socialista José Blanco, también imputado al principio, quedó exculpado a las primeras de cambio por el Tribunal Supremo. Es decir, más de un año después de quedar liquidado el caso Campeón, recursos incluidos, Fernando Blanco sigue imputado en una pirueta judicial difícil de explicar.
De Lara podría enfrentarse hasta al traslado forzoso o la suspensión si al final se considera que incurrió en falta grave.
