La salida de Pilar de Lara el jueves del juzgado, cumpliendo la orden de cese, parecía el punto y final de la historia, pero no lo es. La jueza, suspendida de empleo y sueldo durante los próximos siete meses y un día por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), estima que el cese fue forzado e ilegal, por lo que presentó un escrito de alegaciones. El Consejo confirmó este viernes a este periódico que la sanción es efectiva y que si la magistrada tiene alguna duda, que recurra.
La notificación le llegó a la jueza el jueves por la mañana, mientras estaba tomando declaraciones. Quien se la comunicó fue el letrado de la administración de Justicia (antiguo secretario) del juzgado decano de Lugo, adonde llegó la comunicación del CGPJ. De Lara, al ver que era únicamente la comunicación del inicio del expediente de ejecución, se negó en principio a abandonar su puesto. Su abogado explicó este viernes que, según el artículo 353 del reglamento de la carrera judicial, es preceptivo el acuerdo de cese y su publicación en el BOE. "Comprobamos que en el documento que le habían requerido para que cesara no viene ninguna orden de cese", afirma el letrado Agustín Azparren. "Simplemente lo que dice es que se declara la firmeza de la sanción, lo que ya es extraño porque el auto de medidas cautelares no es firme, y dice que se iniciará la ejecución del acuerdo. Con esa diligencia que se nos notificó fue con la que se nos dijo que tenía que cesar", subraya.
Entonces, la jueza, antes de marcharse, se comunicó con el CGPJ y con el TSXG, donde al parecer le indicaron que tenía que firmar y cesar, con la advertencia de que si no lo hacía podía ser peor. Ante esto, De Lara, firmó y se marchó, no sin antes realizar un escrito de alegaciones al entender que no se estaba cumpliendo la legalidad.
El CGPJ indicó que la sanción es efectiva desde que el Supremo desestimó la suspensión, sin que sea necesaria su publicación
El CGPJ, consultado este viernes, indicó que "la sanción es efectiva desde el mismo momento en que el Supremo desestima la concesión de la suspensión cautelar (lo que ocurrió hace justo una semana), sin que la ejecución esté supeditada a publicación alguna". Fuentes del órgano de gobierno de los jueces añadieron: "Si tiene alguna duda, que recurra".
Tras hacerse efectivo el cese, numerosas voces insistieron en que la jueza debería de abandonar ya el juzgado, entre ellas la de alguno de los principales imputados en sus causas, como el exsecretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, cuyo abogado pidió la ejecución inmediata de la sanción. Sin embargo, ella seguía en la plaza hasta recibir la notificación. De hecho, esta misma semana dictó un auto de más de 500 folios para rechazar la petición del ministerio fiscal de desgajar en más de 30 causas la parte gallega de la operación Pokemon.
La salida del juzgado, en cualquier caso, no iba a superar los diez días. Fuese como fuese, aún siendo obligada la publicación en el BOE como dice el abogado de la jueza, en poco más de una semana la magistrada estaría fuera de su puesto. Desde que De Lara conoce su marcha, la agilización de las causas fue un hecho. En concreto, estos días parece ser que tenía previsto entregar y firmar varios autos importantes en relación con alguna de las macrocausas que investiga. Ya no lo hará.
Entre tanto, y con ella ya fuera, en el Tribunal Supremo sigue presentado el último recurso para evitar el cese. En declaraciones a la agencia Efe, Azparren hizo hincapié en que, para el recurso de reposición, "acaba de salir una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la semana pasada, que exige que para que se cese a un juez se necesitan más garantías, mayores de las que prevé el ordenamiento administrativo, cosa que en este caso no existe". "Este argumento es el principal para el recurso de reposición, que a lo mejor cambia las circunstancias, lo que resulta difícil", concluyó el abogado de la magistrada.
