domingo. 31.05.2020 |
El tiempo
domingo. 31.05.2020
El tiempo

De Lara agarra un último clavo ardiendo pese a que el TS le ordena dejar Lugo

La jueza Pilar de Lara. ARCHIVO
La jueza Pilar de Lara. ARCHIVO
Interpondrá un recurso de reposición contra la negativa del supremo a suspender la sanción que le impuso el CGPJ 

Los peores augurios para Pilar de Lara se han cumplido. La magistrada que se convirtió en uno de los primeros símbolos de la lucha contra la corrupción institucional y política en España tendrá que abandonar de manera inminente el juzgado de instrucción número 1 de Lugo, que convirtió en la última década en una miniaudiencia nacional desde la que puso patas arriba ayuntamientos, diputaciones, comisarías, partidos e instituciones por media España e hizo temblar a algunos empresarios, políticos y funcionarios acostumbrados a enfocar la normas con una mirada astigmática.

El Tribunal Supremo (TS) rechazó este viernes el recurso que la magistrada había interpuesto solicitando la suspensión cautelar de la sanción que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por una falta muy grave. El castigo implica siete meses y un día de suspensión de empleo y sueldo y la pérdida de destino, lo que significa que deberá dejar su juzgado en Lugo. No obstante, no será para ya, porque aún le queda una última bala, un clavo ardiendo.

El proceso del recurso, que tampoco tiene muchas opciones de prosperar, puede retrasar su marcha tres o cuatro semanas

Su abogado, Agustín Azparren, confirmaba este viernes a El Progreso que presentarán recurso de reposición contra la decisión del TS. Tienen para ello, explicó, un plazo de cinco días; luego se dará traslado a las partes para que se pronuncien y a partir de ahí la sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal decidirá en un plazo máximo de tres o cuatro semanas.

Ese es, en cualquier caso, el tiempo que parece quedarle a Pilar de Lara en Lugo, ya que hasta su propio letrado reconoce la improbabilidad de que se admita la reposición, pese a que lo acompañará "con documentos nuevos que hasta ahora el Supremo no había tenido oportunidad de valorar".

Las opciones son tan remotas como que le concedieran la suspensión cautelar: "Le había dado a Pilar un dato estadístico demoledor", señala Azparren, "que en 30 años que analicé y cientos de recursos que se pusieron, solo se admitieron dos veces". Aún así, precisa, "es verdad que teníamos esperanzas, porque este caso es distinto, es muy grave".

El TS rechaza aplazar la sanción de siete meses de suspensión que le impuso el CGPJ

Se refiere, según detalla y recogía en su escrito ante el TS, a que no se trataba de una simple multa o una sanción de unos pocos meses, que podrían ser reversibles en caso de que el alto tribunal finalmente anule el castigo impuesto por el CGPJ, sino que conlleva una pérdida de destino "que en este caso es irreversible. Teníamos esperanza de que tuvieran en consideración el daño irreparable a su situación personal y profesional". Y más teniendo en cuenta, insiste el abogado, que "en mis siete años como vocal en la comisión disciplinaria del CGPJ y en los muchos expedientes disciplinarios que he llevado como abogado nunca he visto uno con tantos errores e irregularidades".

AUTO DEL SUPREMO. Ninguno de estos argumentos, sin embargo, han sido tenidos en cuenta por el Tribunal Supremo. Respecto a esas supuestas irregularidades en el proceso de sanción, por ejemplo, la sala de lo Contencioso-Administrativo considera que "las razones que esgrime la recurrente afectan de manera sustancial al fondo del asunto, como la reiterada alegación de errores de hecho en la apreciación de los retrasos en su labor jurisdiccional que se le imputan, la acumulación de trabajo en el Juzgado por la tramitación de causas de gran complejidad, la denegación indebida de pruebas en el expediente disciplinario o la errónea conceptuación de ciertas conductas como desatención son cuestiones que habrán de ser valoradas en la sentencia y no pueden ser prejuzgadas en sede cautelar".

El alto tribunal entiende que la conducta sancionada por el CGPJ es tan grave que debe primar el interés general

Tampoco corrió mejor suerte el alegato en el que tanto él como Pilar de Lara habían depositado sus mayores esperanzas, el daño supuestamente irreversible que se causaría al aplicar el castigo sin esperar a resolver el fondo del asunto. "La recurrente subraya como principal perjuicio", razona al respecto el Supremo, "la pérdida de su destino con las inevitables consecuencias sobre su vida familiar; nada impide que hipotética una sentencia favorable le restituyese en el juzgado en el que ahora desempeña sus funciones, con las medidas a que hubiere lugar, en su caso, en relación con otras plazas y destinos que hubieren podido resultar afectadas como consecuencia de la suspensión. No hay por tanto pérdida de finalidad del recurso ni en cuanto a la plaza que ocupa ni en cuanto a las restantes consecuencias económicas o profesionales".

Mucho más escueta es la respuesta acerca de la objeción que incluía el recurso sobre la presunta falta de legitimación del propio CGPJ para sancionar a la magistrada, ya que, según su escrito, el órgano estaba cuestionado al carecer de independencia y de imparcialidad por estar politizado. El Supremo lo despacha en dos líneas: "En cuanto a las objeciones respecto a la composición del CGPJ, se trata de alegatos reiteradamente rechazados por esta Sala".

Todo indica que De Lara será apartada de forma inminente

INTERÉS GENERAL. La conclusión del Supremo para decidir que Pilar de Lara comienza a cumplir de inmediato su castigo es, en definitiva, que debe primar el interés público sobre el particular: "Debe añadirse que en el caso de autos y ante los hechos declarados probados en vía administrativa y que han determinado la imposición de la sanción, la ponderación de intereses debe inclinarse en favor del interés general del buen funcionamiento de la administración de Justicia, que requiere que se cumplan las sanciones impuestas por conductas gravemente contrarias al mismo, sin perjuicio de lo que se resuelva en sentencia", finaliza el escrito del Supremo.

Posibles destinos ► La mayoría de plazas que nadie quiere están en Cataluña
La sanción a Pilar de Lara no solo es dura por sí misma, lo es aún más por sus efectos posteriores. Una vez que se incorpore de sus siete meses de suspensión de empleo y sueldo, está obligada a participar en el primer concurso de traslados para magistrados que se convoque, con el hándicap de que habrá perdido su número en el escalafón, es decir, todos los puntos acumulados por sus años de trabajo y que le daba ventaja sobre todos los que tenían menos experiencia. eso significa que se verá obligada a elegir entre los juzgados que se queden desiertos, que no quiera nadie.

Cataluña
Según explica su propio abogado en el escrito que presentó ante el supremo, en los últimos concursos la mayoría de estos ‘apestados’ se situaron en Cataluña: 10 de las 10 plazas desiertas estaban allí, en lugares como Arenys de Mar, Martorell o Vilanova i la Geltru. También lo hubo sin aspirante en Algeciras, Almería, Inca (Baleares) o Badajoz.

Instrucción 1 de Lugo
En el caso de que finalmente el TS rechace su último recurso, la suerte del juzgado de instrucción 1 de Lugo que ahora ocupa Pilar de Lara se conocerá mucho antes. Saldrá a concurso en el primero que se convoque por parte del CGPJ y podrá ser solicitado por cualquier magistrado o magistrada. En la actualidad, hay que recordar, cuenta con un juez de apoyo para los asuntos ordinarios.

De Lara agarra un último clavo ardiendo pese a que el TS le ordena...
Comentarios