Una familia lucense fue realojada en una vivienda de protección oficial tras quedarse en la calle hace poco más de un mes. El Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) adoptó esta medida después de que tuviese conocimiento del caso a través de los servicios sociales municipales y de la Xunta. La familia -de la que se desconoce su composición y su nuevo lugar de residencia, para salvaguardar su identidad- deberá pagar ahora un alquiler mensual al IGVS cuya cuantía dependerá de sus ingresos pero que podría rondar los 150 euros, como sucede en otros casos similares. En ningún caso, la renta no podrá superar el 30 por ciento de los ingresos de la unidad familiar.
Los adjudicatarios de las viviendas pagarán únicamente el importe del alquiler de las mismas y los consumos que originen (energía y agua), pero no les corresponderá abonar los gastos de comunidades y tasas o impuestos de la vivienda así como tampoco los gastos extraordinarios derivados del mantenimiento y de reparaciones.
Otras cinco familias de Vigo, Culleredo, Porriño y Ferrol se fueron para inmuebles previamente desahuciados por bancos
La Xunta adoptó esta decisión al encontrarse ante un caso de desahucio claro de vivienda en el que no había otra alternativa ni posibilidad de negociación. Esta situación es una de tantas que se prevén en el Programa de Realoxo de Afectados por Execucións Hipotecarias, puesto en marcha por la institución autonómica hace un año y que pretende paliar este tipo de situaciones sociales en las que las familias se quedan sin un techo bajo el que cobijarse.
PROGRAMA. Este programa del IGVS atendió, además, durante el primer año de funcionamiento, otros cinco casos más en el resto de Galicia (dos de ellos en Vigo y uno, en Porriño, Culleredo y Ferrol). En estos casos, las familias fueron realojadas en viviendas de la sociedad Sareb (Sociedade de Xestión de Activos Procedentes da Reestruturación Bancaria), que ofreció inicialmente 50 pisos a la Xunta ampliables a 100 en los próximos meses. El acuerdo, firmado en marzo, tiene una duración de cuatro años prorrogables. En la misma línea, la Xunta firmó sendos convenios con Abanca y Caixa Rural Galega para la cesión de 100 e 20 viviendas vacías, respectivamente.
Por otra parte, la Xunta creará un Censo de Vivendas Baleiras, encuadrado dentro del plan RehaVita, en el que obligará a los bancos a censar los pisos vacíos en los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes.
