Diez familias de Lugo están ahora mismo a la espera de que la Xunta medie con el banco para paralizar otras tantas ejecutorias de desahucio por hipoteca. Hasta ahora, la mediación de la consellería de Benestar, a través del programa Reconduce, logró evitar que 22 familias lucenses (ocho del municipio y 14 de la provincia) se quedasen sin casa por no poder pagar en los dos últimos años. Todo hace prever que también habrá una solución para los hogares lucenses que recurrieron recientemente a este servicio, como pasó ya con los anteriores, pero, de momento, se están llevando a cabo distintas negociaciones para garantizar el derecho a vivienda, recogido en el artículo 47 de la Constitución, de los afectados.
Cinco de estas familias lucenses, actualmente a punto de ser desahuciadas, residen en el municipio de Lugo. El resto lo hace en la provincia.
La intervención de la Xunta, en estos casos, se lleva a cabo desde Santiago, a través de una oficina en la que trabajan dos profesionales especializados en Derecho y Economía Financiera, una trabajadora social, una psicóloga y un administrativo. El programa se puso en marcha en octubre de 2013 y, desde entonces, fueron atendidas 32 familias de Lugo (13 de ellas de la capital y 19 del resto de la provincia). En todos los casos, fueron los afectados quienes se dirigieron a la Xunta para pedir, en primer lugar, asesoramiento y, después, ayuda.
"A meirande parte destas familias corrían o risco de perder a súa vivenda habitual ou presentaban serios problemas de sobreendebedamento que lles impedían afrontar o pago da hipoteca", afirman, desde el gabinete de prensa de la consellería de Benestar.
SOLUCIONES. Los arreglos para llegar a acuerdos y evitar que se ejecuten los desahucios pasan por distintos tipos de alternativas. En algunos casos, bastantes de ellos, las entidades financieras responden positivamente a las propuestas de viabilidad realizadas desde la Xunta, pero también la solución llega, en ocasiones, por otra vía como, por ejemplo, la venta de la propiedad.
Los bancos comienzan a aceptar las propuestas de viabilidad realizadas por los técnicos de la Xunta, salvando varios desahucios
La oficina del programa Reconduce también presta otro tipo de servicios a las familias que corren el riesgo de ser desahuciadas dándoles asesoramiento de tipo legal o financiero, redactando modelos de solicitudes o elaborando cuadros teóricos de amortización de nuevas posiciones deudoras en caso de que no se produzca la intermediación con las entidades financieras por no cumplir los requisitos mínimos de acceso al programa.
REQUISITOS. El programa Reconduce tiene dos grupos de intervención. Uno, con familias en riesgo de desahucio pero sin proceso judicial abierto y otro, para casos en los que ya hay un proceso en curso.
En el primero de los casos, la tarea de la Xunta se centra en intervenciones de carácter preventivo para evitar el desahucio por ejecución hipotecaria de la vivienda en propiedad. La consellería de Benestar actuará siempre que la casa hipotecada sea la única que esa familia posea, esta se ubique en Galicia y su titular esté empadronado en algún municipio gallego. Si existiesen varios titulares, al menos uno de ellos tendría que estar empadronado en la comunidad.
En el supuesto de aquellas familias o personas que ya tengan abierto un proceso judicial por impago de hipoteca, el programa Reconduce de la Xunta se centra en otro tipo de atención, de tipo psicosocial, de orientación laboral o de búsqueda de una vivienda alternativa cuya finalidad es paliar, en la medida de lo posible, todos los perjuicios que esta situación pueda causar en el seno de estas familias.
En estos casos, ya no se intenta llegar a ningún acuerdo o mediación con la entidad financiera puesto que este se da por agotado al haber sido abierto un proceso judicial.
ENTIDADES. En el programa Reconduce participan —además de la consellería de Benestar— Vicepresidencia y las consellerías de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza; Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas; Economía e Industria, y Facenda. También colaboran otras entidades como la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), el Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
