La Policía Local realizó durante el año pasado cinco denuncias a gorrillas que actuaban en el entorno del Hula: dos en la mañana del 22 de junio, una el 31 de octubre y dos el 15 de septiembre. La actividad de los aparcacoches ilegales y otras actividades delictivas que se dan en la zona y que presuntamente están relacionadas con la primera, como los daños y robos en coches, es uno de los principales problemas de seguridad de la ciudad y afecta también a vecinos del resto de la provincia que acuden al hospital.
Sin embargo, es una de las actividades más consentidas por los cuerpos de seguridad, ya que pese a las constantes denuncias de afectados no hay dispositivos que, de forma ordinaria, hagan vigilancia preventiva y denuncien a los aparcacoches. Ni por parte de la Policía Local, con competencias en tráfico y control de la actividad comercial en la calle, ni de la Policía Nacional, como cuerpo responsable de seguridad ciudadana.
La presencia policial en el entorno del Hula es muy escasa, pero esa no es la única dificultad para frenar la actividad delictiva. El Concello no cuenta con una ordenanza que prohíba la actividad de aparcacoches en la calle. No obstante, la normativa municipal sí impide «la realización de actividades por personas no autorizadas en la vía pública o espacios exteriores que puedan ocasionar perturbaciones, molestias, peligro o perjuicio a los usuarios de los vehículos», como señaló en su sentencia un juez que en 2014 absolvió a dos gorrillas a los que la Policía les acusó de desobediencia.
El juez basó su decisión en que la actividad de gorrilla conlleva la petición de dinero bajo coacción y en que los policías no pudieron acreditarla ni en los expedientes sancionadores ni con sus testimonios en el juzgado. Todas las denuncias contra gorrillas realizadas por la Policía Local en 2016 recogen «perturbaciones y molestias» a los usuarios de los vehículos.
La denuncia por desobediencia es una de las vías que se utiliza también en otros ayuntamientos, pero el resultado de las denuncias que llegan a los juzgados es desigual.
El mismo juzgado lucense que en 2014 absolvió a dos gorrillas condenó meses antes, aunque con otro juez, a otros dos. Les impuso una multa de 90 euros, con amenaza de ingreso en prisión si no pagaban la sanción.
La disparidad de criterios no solo se produce en Lugo. En 2011, la Audiencia de Alicante dio apoyo expreso a actuar por la vía penal contra los gorrillas, ya que algunos jueces los absolvían al considerar que su conducta era solo una infracción administrativa y otros los condenaban.
