Mohamed Chahidi, el marroquí que fue detenido como supuesto cerebro de una red que explotó a decenas de compatriotas en régimen de semiesclavitud en granjas de pollos, permanece en paradero desconocido desde hace al menos un par de años. De hecho, las partes, incluida la Fiscalía, comienzan a asumir que difícilmente podrán sentarlo en el banquillo de los acusados cuando se juzgue una operación Pollo que encara su recta final, después de ocho años de instrucción.
Fue el primer macrosumario que se abrió en los juzgados lucenses, y del que luego derivaron otros no menos famosos, como el caso de Castro de Rei. Sus números incluyeron en algún momento más de un centenar de imputados –muchos de ellos, empresarios propietarios de las granjas de pollos de todo Lugo y otras provincias donde los marroquíes explotados cargaban y descargaban los animales– y otros tantos perjudicados, ya que se sospecha que la red creada por Chahidi llegó a introducir en España más de dos centenares de marroquíes, que pagaban en sus lugares de origen entre 8.000 y 15.000 euros por los permisos de trabajo que les permitían entrar en el país. Para gestionar esos permisos contaba con la colaboración de algunas empresas nacionales, dos gestorías y la vista gorda de algún funcionario de Extranjería de la oficina de Lugo.
La Fiscalía calcula que al final se sentarán en el banquillo en torno a veinte acusados, de los más de 100 que fueron investigados
Muchas de esas imputaciones se fueron quedando por el camino y todo apunta que otras muchas también lo harán. Al menos, esa es la opinión de Roberto Brezmes, el fiscal que estuvo desde el principio con este asunto y actual fiscal jefe de Lugo: "He emitido un informe para el juzgado", explica, "en el que planteo las tramas que deben ser archivadas, porque entiendo que no hay suficientes indicios: había temas de seguridad e higiene en el trabajo, temas de empresarios desde mi punto de vista un tanto forzados, y eso es lo que he expuesto al juez".
Después de resolverse varios incidentes procesales, el caso ha vuelto al juzgado de origen, el de Instrucción 3 que, desde el punto de vista de Brezmes, ya estaría en disposición de dictar el auto de transformación en procedimiento abreviado que dé paso a los escritos de acusación y defensa y, posteriormente, a la vista oral. En esta, según estima el fiscal jefe, podrían sentarse en el banquillo de los acusados del orden de veinte acusados, aunque es consciente de que "es muy posible que el principal no vaya a estar. Por lo visto, a Mohamed Chahidi se le ha perdido la pista. Es el riesgo que corres con estas causas tan largas".
Del mismo modo que la lista de investigados se reducirá notablemente, también parece muy posible que la de perjudicados sea menor que la que se manejaba. Se trata en su mayor parte de los extranjeros que fueron captados por la red de Chahidi, pero gran parte de ellos hace años que están también en paradero desconocido o no han dado muestras de querer reclamar. "Muchos no han aparecido –detalla Brezmes– y en otros casos no se ha podido acreditar su relación con Chahidi. Yo voy a recoger en el escrito a todos los extranjeros que hayan dicho que le han pagado dinero, que han sido explotados y que han querido reclamar. No sé cuántos van a ser, pero del orden de 30. Y estoy convencido de que algunos que figurarán en el escrito de calificación como perjudicados no van a venir".
