El Concello de Lugo es el segundo municipio español que más tarda en saldar cuentas con sus proveedores y el mes próximo el periodo medio de pago aumentará después de que el pleno bloquease el jueves el abono de 2,3 millones en facturas con reparos de legalidad del interventor, al no autorizarse un cambio en el presupuesto. A pesar de ello, el gobierno local asegura que cada mes abona una media de 2,5 millones a empresas, aunque la mitad de esa cantidad va a parar a firmas que no tienen contrato en vigor con la administración local.
Según los datos aportados por la edil de economía, Ana Prieto, el Concello abonó a empresas el pasado enero un total de 1.225.051,96 euros; en febrero. 2.702.762,37 euros, y en marzo, 4.686.757,16 euros. Asegura que a pesar de que están bloqueados los pagos de 5.080 facturas porque necesitan ser autorizadas por el pleno, a diario se firman pagos, por lo que asegura que los proveedores no tienen por qué preocuparse y añade que el Concello dispone de liquidez en sus cuentas.
El Concello tiene unos 50 contratos con empresas que suman unos 27 millones de euros, pero una veintena están caducados
Sin embargo, otro de los grandes problemas que cuestionan la gestión del Concello, la proliferación de empresas que trabajan sin contrato para la administración local, se va a agudizar a partir de este mes, después de que el 31 de marzo finalizase la última prórroga de los sucesivos contratos que mantiene desde 1996 con la empresa Urbaser, que gestiona el servicio de limpieza, recogida y transporte de basura de la ciudad. A la veintena de firmas a las que ahora el Concello paga servicios con objeciones del interventor se sumará la que más factura al año, unos 7,3 millones de euros.
El portavoz del PP, Jaime Castiñeira, calculaba este viernes que de continuar así la situación, solo dos empresas, Urbaser y Gestagua -que se encarga de la gestión de la depuradora y la potibilizadora de agua, por lo que cobra unos 3,3 millones al año-, facturarán sin contrato 11 millones de euros anualmente, lo que supone un 12% del presupuesto municipal.
Además, sumadas la veintena de empresas que en la actualidad prestan servicio a Lugo sin que haya un contrato público de por medio, el importe anual de las facturas con reparos de legalidad podría superar los 15,3 millones de euros.
La adjudicación de algunos servicios podría demorarse meses si surgen problemas para formar mesas de contratación o recursos
El Concello encarga a empresas la prestación de unos 50 servicios que suponen un desembolso de 27 millones de euros al año, por lo que, desde este mes, más de la mitad de lo que se abonará por trabajos externalizados será en base a contratos que no están en vigor.
Aunque desde el gobierno se aclara que están en fase de tramitación gran parte de los pliegos de condiciones para convocar de nuevo los concursos de estos servicios, el atasco que sufre el Concello, motivado en parte por la falta de personal, augura que al menos se tardarán varios meses en resolver las adjudicaciones, dado que desde que se inicia el proceso de licitación pueden surgir desde problemas en la conformación de las mesas de contratación, a recursos de empresas que pueden dilatar los plazos.
Entretanto, la alcaldesa se ve obligada cada mes a levantar los reparos de legalidad a cientos de facturas de empresas sin contrato para que puedan ser pagadas.
