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PSOE Y BNG PACTAN EL MODELO DE GESTIÓN DEL AGUA A MES Y MEDIO DE LAS ELECCIONES

La minoría del gobierno local le obliga a endeudarse pese a tener superávit

Luis Álvarez, López Orozco y Sonia Méndez atienden a Jaime Castiñeira, durante el pleno municipal
Luis Álvarez, López Orozco y Sonia Méndez atienden a Jaime Castiñeira, durante el pleno municipal
El BNG se abstuvo y el PP rechazó la propuesta de renunciar al crédito y utilizar remanente. La Diputación moverá el área de recaudación, ahora en un local de la familia de un exedil del PP

La proximidad de las elecciones municipales condicionó el penúltimo pleno del mandato en el Concello de Lugo, con largos debates en prácticamente todos los asuntos, incluso en los menos esperados; con los partidos políticos reiterando sus más que conocidas posturas sobre materias tan generales como urbanismo y gestión de servicios municipales y con acuerdos muy relevantes, que en algún caso no tienen vuelta atrás. Uno de ellos es que el Concello tendrá que contraer un crédito de 2,8 millones de euros, que estaba contemplado en el presupuesto de 2015 pero al que el gobierno pretendía renunciar. No podrá hacerlo porque gobierna en minoría y, pese a que el BNG se abstuvo, el PP votó en contra.

La propuesta que el gobierno llevó al pleno tenía dos partes: la renuncia al crédito y el recurso a remanentes de años anteriores para hacer inversiones (desde la reforma interna de la plaza de abastos a los proyectos de los presupuestos participativos). La intención de recurrir a los ahorros municipales venía motivada porque el Concello aún no dispone de los 600.000 euros invertidos en el CD Lugo que iba a recuperar este año con la venta de las acciones, un proceso que se complicó y todavía no está resuelto.

Tanto el portavoz popular, Jaime Castiñeira, como la nacionalista, Paz Abraira, hicieron ver al equipo de José López Orozco que la tesitura en que está se debe a que gobierna en minoría y a que renunció a negociar los presupuestos con la oposición y los aprobó por su cuenta en junta de gobierno. Coincidieron también en la crítica a que el gobierno socialista se acordó de poner en funcionamiento los presupuestos participativos tras 16 años de gobierno y a unos meses de las elecciones. El BNG reiteró, además, su desacuerdo con el gasto en el CD Lugo.

Por todo ello, los nacionalistas se abstuvieron y el PP votó en contra. El motivo fue que el gobierno no aceptó su petición de separar la renuncia al crédito del resto de la propuesta y que, en su opinión, no estaba claro qué inversiones se iban a hacer con los remanentes. Castiñeira reiteró que si hay ahorro es porque el gobierno no ejecutó los presupuestos de años anteriores -dijo que en 2011, las inversiones reales fueron de 21 millones de euros; en 2013, de 4,1 y en 2014, de 3,9- y equiparó las votaciones de los presupuestos participativos por internet a las de Gran Hermano o Eurovisión.

Castiñeira dijo que la participación hay que empezar por darla a la oposición. «Foron de sobrados e de prepotentes. Agora teñen un problema, pois arránxeno», zanjó. La concejala de economía, Sonia Méndez, quiso hacer ver al PP que con su decisión no castiga al PSOE, sino a los lucenses y puso en duda las perspectivas que el propio Castiñeira tiene de gobernar. «Se as tivera, estaría interesado en que o Concello non aumentara a súa débeda», afirmó. Actualmente, la deuda municipal es de 22,5 millones y el superávit a finales de 2014, de 10,7 millones.

No menos sorprendente fue el debate sobre la moción que llevaba el gobierno, a petición de la Diputación, para ampliar de uso social del edificio delantero del complejo de Santa María a uso administrativo. El complejo es propiedad del Concello y desde 1941 está cedido a la Diputación. El PP hizo notar que la institución ya le está dando un uso administrativo a parte de él y se mostró reacio a que se modifique el convenio para darle una finalidad distinta a la acordada en su día. Y no cambió de idea cuando el portavoz del gobierno local, Luis Álvarez, desveló que la Diputación quiere llevar a él el servicio provincial de recaudación, ahora en un bajo de la Rúa Tui alquilado a la familia de un exedil del PP y gerente de Suplusa, sociedad pública de la Diputación. Ambas circunstancias, desde la época de Cacharro. Fue precisamente una alusión de Castiñeira a la situación «irregular» del edificio de Suplusa lo que dio lugar a Álvarez a aludir a la identidad del propietario del bajo.

La ampliación de uso de Santa María fue aprobada por el PSOE y el BNG. El PP votó en contra con el argumento de que el Concello no hace uso del servicio provincial de recaudación y por tanto el traslado en nada repercute a los vecinos del municipio. «A nosa obriga é defender os bens do Concello como se fosen os nosos», dijo.

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