La jueza del caso Bebé busca a las monjas que estuvieron en el centro de acogida

La operación Bebé, que investiga supuestas irregularidades en la retirada de niños a sus madres naturales para darlos posteriormente en adopción, da ahora un nuevo giro. Después de las declaraciones de más de una decena de funcionarias que trabajaban en los servicios sociales y el servicio de Menores de la Xunta en Lugo, la atención de la siguiente fase parece centrarse en el Hogar Madre Encarnación, el centro de acogida por el que pasaron varios de estos niños y que estaba ya bajo sospecha.

Hasta ahora, habían declarado dos de las monjas que trabajaban en este centro, dirigido por las Hermanas Terciarias Franciscanas del Rebaño de María. Una de ellas, la directora durante el tiempo en que sucedieron los hechos que se investigan, lo hizo como imputada. La otra, que pasó después a dirigir el hogar, como testigo. Ahora, la jueza instructora, Sandra Piñeiro, ordena a la Policía Judicial que busque el paradero de otras monjas que también trabajaron en la casa de acogida, para recibirles declaración.

La misma orden afecta a varios de los trabajadores y empleados que tuvieron contacto con el centro, aunque no pertenecen a la orden religiosa.

En principio, aunque la provindencia de la jueza no lo aclara, todo apunta a que estas declaraciones podrían ser tomadas en calidad de testigos, aunque el cariz que está tomando el asunto deja la puerta abierta a cualquier opción. De hecho, en ese mismo escrito Sandra Piñeiro cita a prestar testimonio en calidad de imputadas a otras siete mujeres que, de entrada, iban a ser llamadas como testigos. Sin embargo, la jueza, aludiendo a una decisión anterior de la Audiencia Provincial en la que esta le ordenaba imputar a varias funcionarias de Menores que ella quería interrogar como testigos, decide ahora ampliar la lista de imputados. Estas mujeres deberán acudir al juzgado el 23 de abril.

REPETICIÓN. Además, la magistrada del juzgado de instrucción 2, dando cumplimiento a otra orden de la Audiencia Provincial, deberá tomar declaración de nuevo a nueve de las imputadas que ya han testificado. La Audiencia considero que fueron interrogadas sin que algunas de las defensas de las supuestas víctimas hubieran tenido acceso a las actuaciones con tiempo suficiente para preparar sus preguntas.

Entre estas nueve imputadas figura también la monja que dirigía Madre Encarnación. En este caso, la religiosa fue autorizada a declarar por videoconferencia desde Andalucía, a donde fue trasladada por la orden. Los abogados de las madres afectadas recurrieron esta decisión al considerar que, dada la cantidad de documentos e informes por los que tenían que preguntar a la monja, el hecho de que no estuviera presente en el juzgado limitaba de forma decisiva el interrogatorio y causaba indefensión a las víctimas. La Audiencia, una vez más, les dio la razón. La religiosa tendrá que volver a Lugo el 25 de junio.