La Xunta ha indicado que la familia lucense de San Xoán de Tirimol, cuya casa está afectada por una orden de derribo de la Axencia de Protección de Legalidade Urbanística (Aplu), ha rechazado la vivienda social que le ofrecía en la ciudad. Reticentes a aceptar esa solución, Luis Pena Vilariño y Beatriz Mosquera mantienen "su interés en permanecer" en el inmueble de su propiedad, afectado por un expediente iniciado a instancias de denuncias y refrendado por dos sentencias judiciales.
Según indicó la conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, este lunes los técnicos del servicio provincial contactaron con la pareja que se encuentra a punto de perder su residencia, para confirmarles la disponibilidad de una vivienda en la ciudad "adaptada a sus circunstancias y que puede serles adjudicada". Asimismo, les trasladaron la necesidad de reunirse para exponerles en detalle esta propuesta, con plena disposición a mantener el encuentro en el momento en que les resultase más conveniente. Sin embargo, la familia rechazó inicialmente el ofrecimiento, aunque indicó que será este martes cuando se pronunciará "definitivamente" sobre "la aceptación o no de esta vivienda social".
El Gobierno gallego ha asegurado que la familia fue informada de que la aceptación de esta residencia social "no implica una renuncia de su propiedad ni el desestimiento de la defensa judicial de la legalidad de la misma".
STOP DESAHUCIOS. Por su parte, el portavoz de Stop Desahucios en Lugo, Pancho Torrente, ha pedido este lunes al Ejecutivo autonómico que suspenda el derribo de la vivienda de esta familia sin recursos en el lugar de Tirimol, declarada "ilegal". Se trata de una casa "hecha por Luis y su familia". En ella viven él, la mujer y dos hijos, junto a "más familiares, entre otros el padre", y está "asociada a una obtención de recursos" a través de los animales que tienen en la finca, en la que también se cultivan hortalizas. "Si no fuera por eso, no les llegaría para vivir", ha remarcado el portavoz del colectivo antidesahucios, quien ha recordado que esta familia únicamente percibe una prestación de 166 euros. Dicho esto, ha sostenido que "hay cientos de viviendas" en la misma situación, de "ladrillo vista", en Galicia, sin que eso suponga su derribo.
En la misma línea, ha acusado a la Xunta de "no aplicar la misma vara de medir" con la casa de esta familia que con una nave de Leche Río que el Tribunal Supremo ha ordenado demoler en Lugo. En este caso, ha recordado Torrente, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, "habla de hacer una modificación legal para evitar el derribo".
