La Diputación de Lugo ha acordado este martes por unanimidad solicitar al Gobierno que aplace la obligación de crear las plazas de tesorero de habilitación nacional para los municipios con menos de 20.000 habitantes "hasta que haya tesoreros de carrera suficientes o se modifique la ley, eliminando esta medida". La medida fue propuesta del Gobierno provincial y la responsable de la iniciativa, la diputada provincial y alcaldesa de Trabada, Mayra García, indicó en su intervención en la reunión plenaria que "para muchos ayuntamientos es imposible asumir el gasto que implica la contratación de un tesorero", que cifró en torno a unos 60.000 euros al año.
Al hacerse efectiva a principios de año la entrada en vigor de esta medida, precisó García, ocasiona "a corto plazo un parálisis de la actividad municipal", por la imposibilidad para realizar los pagos correspondientes a la plantilla municipal y a los proveedores, como ha sucedido recientemente en el Ayuntamiento de Sarria. "Esta norma es un nuevo ataque del Partido Popular a las entidades locales y un nuevo golpe a los municipios de menos de 20.000 habitantes", que se suma "al impacto provocado por la reforma local", señaló.
Esa medida demuestra "un gran desconocimiento" por parte de los legisladores del "mundo local" y, en concreto, del Ministerio de Hacienda, porque afecta a la "mayor parte de los ayuntamientos de esta provincia". Añadió que esa medida "incrementa los gastos en los ayuntamientos y, además, resta agilidad en la gestión, con lo que impide cumplir los plazos de pagos a proveedores".
Por otra parte, precisó que no hay actualmente tesoreros habilitados suficientes para hacer frente a la demanda que implica la entrada en vigor de esta obligación.
La Diputación pide aplazar que se convoquen plazas de tesorero en los municipios pequeños
La medida fue propuesta por el Gobierno provincial porque "para muchos ayuntamientos es imposible asumir el gasto"
